El Ministerio de Educación ha publicado en los primeros días de enero su Resolución número 1, en la que se establecen los lineamientos para el año escolar que debe comenzar el primer lunes de febrero. Este año la Resolución incluye en su primera parte disposiciones sobre la presencialidad (o no) de las clases en los sistemas de educación regular, pero pueden ser problemáticas.
Es un hecho que la pandemia por el COVID-19 no terminará pronto, y sus oleadas son tan imprevisibles como temibles, según se está evidenciando desde hace unas pocas semanas con cifras diarias de contagios que no han hecho más que crecer hasta romper todos los récords desde marzo de 2020. De ahí que es probable que la principal preocupación de madres y padres de niñas, niños y adolescentes con respecto al retorno a clases tenga que ver con las modalidades que serán puestas en práctica.
La referida Resolución Ministerial dedica apenas tres de 127 artículos (sin contar las disposiciones finales y las transitorias) a las instrucciones sobre cómo proceder en función de la pandemia y las restricciones a las que obliga. Así, el Artículo 4 señala la obligación constitucional que tienen los gobiernos municipales “de adecuar y dotar la infraestructura, mobiliario, equipamiento y material de bioseguridad” a las escuelas y colegios públicos, así como describir las tres modalidades que podrán ejecutarse: presencial, semipresencial y a distancia.
El Artículo 5 señala los criterios para decidir cuándo y cómo adoptar una u otra modalidad educativa delegando a la autoridad educativa departamental y a las y los directores de escuelas tal decisión “en coordinación con la comunidad educativa”. Finalmente el Artículo 6 indica la obligatoriedad de aplicar los protocolos de bioseguridad en las unidades educativas adecuándolos al contexto.
Lo que a simple vista parece una cuestión de sentido común respecto al modo de afrontar las dificultades que impone la pandemia en el ámbito educativo, y la seguridad de las y los educandos y sus maestras y maestros, pronto se demostrará tan complicado como lo ha sido, por ejemplo, la obligatoriedad de portar el carnet de vacunación: gran parte de la población puede no estar preparada para tomar decisiones colectivas que verdaderamente sean beneficiosas para la comunidad, y las autoridades del sector, especialmente en las unidades educativas no tienen por qué estar mejor preparadas para la tarea.
No se trata simplemente de decidir si abrir o no las aulas, pues en gran parte del país, incluyendo las ciudades capitales, las condiciones para la educación a distancia son paupérrimas, así como los resultados logrados, mas el peligro de contagios y dolor en las familias es una posibilidad que no debe ser descartada. Tiene, pues, que poner más atención al derecho a la educación el Estado, y no presumir que una o un director de escuela podrá tomar decisiones junto con la comunidad de padres y madres, habitualmente más preocupadas de sus problemas personales y familiares que del bienestar de la comunidad a la que pertenecen.
