Desde que accedió a la independencia en 1804, Haití, que ocupa la tercera parte occidental de la isla La Hispaniola, enfrenta un cúmulo de vicisitudes que van de desastres naturales o dictaduras inclementes a invasiones extranjeras o al inepto manejo de su economía basada principalmente en la exportación de café y bananas. Colonizada por Francia, los 11 millones de haitianos, mayoritariamente de ascendencia africana, viven en pobreza extrema, en ese país señalado como uno de los más pobres del mundo.
Aparte de esos factores negativos, ahora se añade el asesinato del presidente Jovenel Moïse, ocurrido la noche del 6 al 7 de julio de 2021 cuando aquel comando paramilitar compuesto de una veintena de pistoleros irrumpió la residencia presidencial sin resistencia aparente de los 642 guardias que cuidaban la seguridad del primer mandatario muerto por 12 impactos de bala, dejando además herida a su esposa que lo acompañaba.
Las pesquisas iniciales instauradas por la policía local y la fiscalía indican la secuencia terrorífica de los hechos, basada en el arresto de 20 agentes de la gendarmería nacional, 3 americanos de origen haitiano y 18 colombianos, todos indiciados como los ejecutores materiales y en las declaraciones de algunos políticos imputados como instigadores del crimen o inductores intelectuales del mismo. Entre ellos, figura el expresidente Michel Martelly. mentor de Moïse, que se dice que no gustaba de los aires de autonomía de su pupilo, a quien ya no podía manipular.
Ciertamente Moïse, debido a algunas medidas impopulares (como el aumento del precio de los carburantes) y el escándalo de malversación de fondos originados por préstamos venezolanos a través del acuerdo con Petrocaribe, habría perdido apoyo ciudadano, razón por la que buscó soporte en alguna de las bandas armadas de narcotraficantes, provocando los celos de las gavillas rivales. Esa hipótesis podría tener asidero si se considera que el 17 de octubre, un acto cívico encabezado por el actual primer ministro Ariel Henry fue disuelto por el jefe gamberro Jimmy Cherizier, apodado Barbecue, por la macabra costumbre que quemar a sus víctimas. Esta vez, Barbecue, con el rostro descubierto y vestido de luto, clamando venganza por el magnicidio, depositó una corona de flores en ese lugar de culto y se retiró escoltado por decenas de sus seguidores al grito de justicia para Jovenel Moïse. Notoria muestra palpable de su complicidad con la víctima de la batalla que se libra entre las mafias que se disputan el control del tráfico de drogas, que junto a los secuestros (950 casos registrados) constituyen la cotidiana actividad criminal en el país. Difícil tarea la de identificar a los autores intelectuales de la matanza, no obstante, son elementos de sospecha los angustiosos pedidos telefónicos grabados del infortunado presidente a quienes hubieran podido socorrerlo, incluyendo al primer ministro Ariel Henry. Ninguno acudió en su ayuda.
Como corolario de ese asesinato, podría deducirse que las ligazones peligrosas con grupos criminales no son aconsejables ni en El Salvador donde Nahib Bukele tiene tratos ocultos con las “maras”, ni en ningún otro lugar con aquellos poseedores clandestinos de armas que las usan para preservar sus propios intereses.
Por ello, es alarmante que en Bolivia no se proceda hasta hoy al arresto de los pandilleros que protagonizaron el secuestro de policías y periodistas en Las Londras de Guarayos. Los escuadrones armados de cualquier color serán siempre un riesgo calculado, incluso para aquellos que creen —ingenuamente— poder manejarlos impunemente.
Carlos Antonio Carrasco es doctor en Ciencias Políticas y miembro de la Academia de Ciencias de Ultramar de Francia.
