Es importante conocer la composición de los recursos con que cuentan las entidades territoriales autónomas. Particularmente en este artículo se abordará el caso de los Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD), que forman parte de la organización administrativa del Estado boliviano.
Los recursos administrados por los GAD son aquellos generados y recaudados por la venta de bienes y/o servicios, por el cobro de impuestos, tasas, derechos y otros, más conocidos como recursos propios y aquellos que son transferidos por el nivel central del Estado, entre los cuales se encuentra el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), Fondo de Compensación Departamental (FCD) y Regalías.
Ahora bien, en el Presupuesto General del Estado de la gestión 2022 se puede observar que, del total de los ingresos de las gobernaciones, el 5% corresponde a recursos propios y el 86% a las transferencias del TGN y regalías, lo que nos dice que dichas entidades no generan recursos suficientes para cubrir sus gastos y son altamente dependientes del nivel central, por lo que se evidencia que no son autosostenibles, presentando una gran debilidad en su gestión fiscal.
Lo manifestado también se refleja en la generación de recursos por impuestos, por cuanto la Ley 154 de 14 de julio de 2011, de Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos, autoriza a los GAD a crear (desde la gestión 2011) el impuesto a la Sucesión Hereditaria y Donación de Bienes Inmuebles y Muebles sujetos a registro público, a la Propiedad de Vehículos a motor para la navegación Aérea y Acuática y a la afectación al Medio Ambiente; sin embargo, revisadas las estadísticas se puede observar que recién en la gestión 2016 solo las gobernaciones de Cochabamba y Santa Cruz programaron recursos por dichos conceptos, cuya recaudación alcanzó a Bs 21 millones.
De ahí en adelante, la creación de los mencionados impuestos en el resto de los GAD fue gradual pero no suficiente, por cuanto en la gestión 2022 la programación de todas las gobernaciones, con relación a este cobro, alcanza a Bs 76,9 millones. Esta situación muestra la necesidad urgente de que las gobernaciones deben enfocarse en la generación de recursos.
A diferencia de estas entidades subnacionales, el nivel central del Estado efectúa gestiones para recaudar mayores recursos en beneficio de los GAD, a través de políticas que, en el marco del Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo, coadyuvan con la reconstrucción de la economía, como es el caso del Fondo Concursable de Inversión Pública Productiva (FOCCIP), que apoya a las entidades territoriales con el único fin de garantizar el desarrollo local.
Ana María Conde Gálvez Auditora.
