Habiendo finalizado la gestión 2021 que mostró una importante recuperación de la economía boliviana, los retos continúan este año 2022, y el principal y más urgente es obviamente afrontar esta nueva ola de la pandemia por COVID-19, pero también éste es el año de la consolidación de la reconstrucción económica y de seguir apostando por el fortalecimiento productivo del país y la redistribución de los ingresos. En ese sentido, uno de los principales instrumentos para dicho fin es el Presupuesto General del Estado 2022, que fue aprobado en diciembre pasado, sobre el cual se destacan algunos elementos adicionales en este artículo.
Después de la amplia discusión sobre el PGE 2022 previa y posterior a su promulgación, en la que ya se había aclarado que su tamaño en porcentaje del PIB es 78% y no más de 80% ni superior a 90% como fue y es vertido por analistas de oposición; que su dimensión está relacionada al importante rol que desempeña el Estado en la economía, lo cual no es nuevo, sino definido así desde 2006 en el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo; sobre el papel fundamental de las empresas públicas, a las cuales no solo se dirigen recursos sino que ellas son generadoras de importantes ingresos para el país; entre otros; se enfatiza ahora en la distribución de la inversión pública y la importancia de la soberanía en la definición de políticas económicas.
Así, la inversión pública es uno de los principales elementos del PGE 2022. Se asignarán $us 5.015 millones, los cuales irán destinados prioritariamente a la inversión productiva, en 42,5%, en proyectos de infraestructura 29,9% y sociales 17,2%. El mayor porcentaje asignado a la inversión productiva se asocia al objetivo de continuar con la reconstrucción de la economía este año con énfasis en el fortalecimiento productivo y la industrialización por sustitución de importaciones, así se plantean importantes proyectos como la implementación del complejo industrial farmacéutico, de la industria de química básica, la planta de vidrio plano, la planta siderúrgica del Mutún, la industrialización del litio, la continuidad de construcción de plantas de energía renovable, la distribución de gas natural por redes a nivel nacional, entre otros.
Igualmente, se destinan importantes sumas a la inversión en infraestructura, donde en los años de vigencia del modelo se ha logrado un significativo avance, por ejemplo, entre 2006 y 2019 se construyeron 412 kilómetros de carreteras en promedio, muy por encima de los 177 kilómetros entre 2000 y 2005. Para 2022 se proyecta la construcción y continuidad de importantes carreteras como Rurrenabaque-Riberalta y la doble vía tramo central “El Sillar”. Asimismo, en el sector social destacan los proyectos de construcción y equipamiento del Instituto Gastroenterológico en La Paz y la implementación de los centros de medicina nuclear y radioterapia en Santa Cruz, El Alto y La Paz.
Finalmente, en relación a cuestionamientos respecto a que los supuestos datos de crecimiento e inflación, por ejemplo, deberían ser proporcionados por entidades independientes y comités de expertos y no por el Gobierno, pareciera que se recomendara el retorno de la sumisión de la política económica del país como sucedía antes de 2006, cuando organismos internacionales definían los objetivos y condicionaban la política económica boliviana. Los años de vigencia del Modelo Económico Social Comunitario Productivo han demostrado que los mismos bolivianos pueden administrar la economía de mejor manera y con mejores resultados, los cuales son innegables tanto en términos macroeconómicos como sociales.
Claudia Ramos es economista.
