La inversión pública (IP), uno de los motores más importantes de la economía, se fortalece con un presupuesto de $us 5.015 millones en 2022 para crear, construir, ampliar y/o mejorar proyectos agropecuarios, mercados, carreteras, terminales, hospitales, escuelas, viviendas sociales, sistemas de riego, instalaciones de agua potable, suministro de energía y campos deportivos, entre otros, con el fin de generar mejores condiciones de vida de las bolivianas y los bolivianos.
En los últimos años, la IP aumentó considerablemente, reflejándose mejoras principalmente en los sectores productivo, infraestructura y social, aspectos que repercuten directamente en las metas de creación de empleos y reducción de la pobreza, en beneficio de todo el país.
El Sistema Nacional de Inversión Pública define a la IP como “todo gasto de recursos de origen público destinado a incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio público y/o de capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios, o producción de bienes”.
Durante la administración de los gobiernos neoliberales, la ejecución promedio de la inversión pública en el periodo 1992-2005 alcanzó a $us 590 millones; no obstante, en el periodo 2006-2021, a través de la implementación del Modelo Económico Social Comunitario y Productivo, ascendió a $us 2.932 millones, representando un incremento de 497%.
En el sector productivo se priorizan los programas y proyectos de ganadería, caficultura, trigo, hortalizas, papa, asaí, copoazú, acerola, majo, piña, manzana, durazno, banano y pesca; asimismo, se implementará la industria de la química básica; las plantas procesadoras de maní, castaña, vidrio y cemento; el complejo farmacéutico en Cochabamba; el desarrollo integral de salmuera del Salar de Uyuni, y la perforación y exploración de pozos en Yará, Iñau, Yope y Las Delicias.
Del sector infraestructura destacan las obras de construcción, como ser las carreteras a nivel nacional: Rurrenabaque-Riberalta, Espino-Charagua-Boyuibe, Ixiamas-San Buenaventura, Rurrenabaque- Riberalta, San José de Chiquitos-San Ignacio, San Miguel-Puerto Rico, doble vía El Sillar; además del Tren Metropolitano en Cochabamba, el programa nacional de perforación de pozos de aguas subterráneas, y los programas Mi Presa y Mi Riego.
Para el sector social se garantizan recursos en salud y educación, destinados principalmente a la construcción, equipamiento y/o ampliación del Instituto Gastroenterológico en La Paz; hospitales en Cochabamba, Beni, Chuquisaca, Oruro, Pando, Potosí, Santa Cruz y Tarija; el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia en Santa Cruz-El Alto-La Paz; el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear; así como la ampliación y mejora de centros educativos, institutos, coliseos y otros en el país.
Con la creación y continuidad de los citados programas y proyectos de IP, encaminados a mejorar las condiciones de vida de la población, se insertará a personas al mercado laboral, a través de los trabajos indirectos que requieren las entidades públicas del sector privado, como ser mano de obra, insumos, materiales de construcción, maquinaria, equipos y otros, contribuyendo a la disminución de la tasa de desempleo de un 11,6% en 2020 a un 5,4% en 2021.
Es importante destacar que la IP es clave para la reactivación de la economía, toda vez que contribuye a mejorar y redistribuir los ingresos de la población más necesitada, teniendo un efecto directo en la reducción de la brecha entre los más ricos y los más pobres.
Consecuentemente, con el fortalecimiento de la IP se está dinamizando el crecimiento económico y el bienestar del país, administrando de forma responsable los recursos del Estado, a través de la ejecución de obras, programas y proyectos productivos, sociales y de infraestructura, con generación de empleo y reducción de la pobreza.
Verónica Casablanca Villca es economista.
