Soraya, Azucena y Carmen se sienten solas pese a que existen siete convenciones, protocolos, declaraciones y recomendaciones internacionales que las protegen. Otras cuatro leyes, seis decretos y un reglamento bolivianos también las protegen del acoso y la violencia política.
Soraya Destre, concejala de Riberalta, inauguró su calvario cuando cuestionó el alza del precio de la carne y lo empeoró tras su denuncia de un presunto sobreprecio en el intento de compra de una planta generadora de oxígeno. Es víctima de un tal Miller, que se atribuye dirigir un comité cívico. Un mal día, tras un periodo de “ablandamiento” con amenazas y conatos de agresiones físicas, los concejales municipales de Potosí (en la anterior gestión), expulsaron a su colega Azucena Fuertes, sin que hubiera sentencia judicial o prueba en su contra. Azucena logró una orden judicial para retomar el cargo, pero sus colegas se lo impidieron. Hoy es asambleísta departamental y también por denunciar irregularidades en la gobernación, otra vez, es perseguida. Carmen Vásquez, presidenta del Concejo Municipal de San Pedro de Curahuara, provincia Villarroel de La Paz, tiene sobre su cabeza una resolución de la Central Agraria, tramitada por el alcalde, para que renuncie a su cargo, por haber denunciado nepotismo e ítems fantasma. Tiene miedo caminar por las calles de su pueblo.
Es que ni las leyes universales ni las bolivianas les garantizan nada. Veamos solo una. La ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres (2012) no disimula su intención de no hacer nada. Su artículo 17 divide las faltas administrativas o disciplinarias en leves, graves y gravísimas. Las gravísimas van de los incisos i) al q) del artículo 8 e incluyen discriminación, presión y engaños para obligar a la renuncia al cargo e imponen como sanción máxima “suspensión temporal del cargo sin goce de haberes hasta treinta (30) días”, para el violento y acosador. Pero no hay que alegrarse. El inciso II del artículo 17 aclara que, para imponer la sanción máxima deben concurrir, además, agravantes como atentar contra una mujer embarazada, mujer mayor de 60 años, sin instrucción, discapacitada, “si el abuso es cometido por dos o más personas” o, si “como resultado de los hechos, se hubiere producido el aborto”. Ya que el agresor casi siempre es un macho, se puede afirmar que es imposible contar con una ley más blandengue.
La vocal Dina Chuquimia, del Tribunal Electoral, en la Cumbre contra el acoso y la violencia política reveló que “no existe una instancia interna que ventile estos casos ni en las asambleas departamentales ni en los concejos municipales. Es decir, no hay un protocolo o comisión o comité de ética que sean el filtro de denuncias que tanto concejalas y asambleístas departamentales puedan hacer de forma inicial, antes de ir a la Policía o a la Fiscalía o al Órgano Electoral.” De lo que nos enteramos 10 años después.
Claro que la misma ley dice que la agredida puede denunciar ante la Fiscalía, donde en un juicio ordinario se podrán imponer penas de entre dos y ocho años de cárcel. Pero en 10 años, solo un caso concluyó en la Justicia Ordinaria. Y no es por falta de denuncias. En esta década, se presentaron 677 denuncias por acoso, presiones, agresiones psicológicas y físicas contra autoridades mujeres elegidas. Son 185 los casos de violencia y 150 renuncias. Este año ya van cinco denuncias y cinco renuncias.
Según la conquistada “paridad”, si una mujer va de titular un varón va de suplente y viceversa. Sin embargo, hay “acuerdos” para que a mitad de gestión el suplente herede la titularidad. Y si no es de a buenas, el suplente será titular a las malas. Según la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, esto se conoce como acuerdos de gestión compartida que “lastimosamente solo han servido para que las mujeres titulares sean obligadas a renunciar, pero, extrañamente, los hombres titulares no. Ni siquiera bajo esos compromisos de lealtad o esos acuerdos políticos”. Las 18 leyes, convenciones y decretos que protegen a las mujeres del acoso y violencia política están publicadas en un libro de 296 páginas, que dejan claro que también se puede perecer en un mar de papeles escritos con declaratorias de paz, equidad y amor.
Freddy Morales es periodista.
