El escándalo desatado la semana pasada cuando el expresidente Evo Morales denunció que había protección a actividades de narcotráfico por parte de jefes de la fuerza antidroga ha dado paso a una intervención de la FELCN y a la obligación de todos sus efectivos de someterse a la prueba del polígrafo. La decisión, polémica en sí misma, vuelve a echar sombras sobre la Policía.
La denuncia del exmandatario permitió desmantelar cuatro factorías de droga en el trópico de Cochabamba, pero también sirvió para evidenciar que efectivamente hay protección a la ilícita actividad entre los uniformados que debieran perseguirla. La consiguiente decisión del Ministro de Gobierno, que reemplazó a varias autoridades, comenzando por el viceministro del área, debería provocar no solo vergüenza en la fuerza policial, sino también voluntad de transformación.
Además del cambio de jefes, que no solo deberían perder el empleo y la confianza de las autoridades de Estado sino sobre todo ser sometidos a la acción de la Justicia, también se ha dado paso a la intervención de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), poniendo a todas las personas que allí trabajan bajo sospecha, de ahí que se las esté sometiendo a interrogatorios con ayuda del también conocido como “detector de mentiras”.
Al día siguiente de iniciados los interrogatorios, el Ministro de Gobierno anunció que quienes reprueben los “exámenes” serán retirados de la FELCN, aunque no de la fuerza policial. También se mostró optimista por el resultado señalando que muchos uniformados ya habían sido sometidos a la prueba y que estaba dando “excelentes resultados” ya que se había dado paso al alejamiento de una “gran cantidad de efectivos policiales”.
El mismo día, el Inspector General de la Policía reveló que existen solo cinco laboratorios con polígrafo y que hasta ese momento solo se había sometido a la prueba a unos 45 uniformados, por lo que se estaba considerando la posibilidad de instalar otros tres “laboratorios móviles” a fin de incrementar el número de pruebas. La contradicción entre autoridades no ayuda a mejorar la imagen de la institución verde olivo ni de su unidad antidroga ni del Ministerio a cargo de esta fuerza.
Asimismo, resulta llamativo que no se haya cuestionado el uso del polígrafo, considerado por muchas organizaciones en el mundo como vulnerador de los derechos humanos, pues lo que se considera como “detector de mentiras” en realidad solo analiza una serie de reacciones fisiológicas y no la culpabilidad o inocencia de quien se somete a la prueba. Llegado el caso, podría dar lugar a la impugnación de las decisiones de las autoridades.
Queda de todo esto la certeza de que la reputación de la Policía Boliviana una vez más ha resultado mellada por la acción de sus propios efectivos, muchos de los cuales son incapaces, por lo visto, de resistir a la tentación del dinero fácil y el poder inmerecido. Habrá que ver en qué termina este nuevo proceso de depuración.
