El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ocasionó el incremento de los precios del petróleo y sobre todo de la producción agrícola, lo cual trajo procesos inflacionarios en la mayoría de los países, los cuales causan malestar social, como pudimos ver recientemente en Perú: debido al aumento de precios de los carburantes se generó una inflación de 6,2%, lo que derivó en protestas sociales con varios heridos y muertes.
En contraposición, en nuestro país se registró la inflación más baja de la región, con 0,7%, frente al 10,5% del Brasil, el 8% de Colombia o el 9,3% del Paraguay, pero este resultado económico se debe principalmente al modelo económico que viene desarrollando Bolivia, no olvidemos que el fortalecimiento del mercado interno (oferta y demanda) hace que los bolivianos podamos consumir la producción de nuestros empresarios a un precio justo.
Sin embargo, los empresarios expresaron recientemente su rechazo a esta priorización del mercado interno; para ellos, que el Gobierno no permita la libre exportación de sus productos genera “perdidas irreparables” para sus ganancias y para el país, empero, tendrían que analizar mucho más allá de simplemente pedir una libre exportación, sobre todo de los productos agrícolas.
Podría ser cierto que los exportadores generen mayores ingresos con una libre exportación, sin embargo, el rubro que olvidan analizar es la subvención a los hidrocarburos, sobre todo el diésel, que es un insumo muy importante en su cadena productiva, de lo cual surge la siguiente interrogante: si los exportadores exportan libremente, ¿tendrá que seguir la subvención a los hidrocarburos?
Es evidente que los empresarios exportadores responderán que ya no existe la subvención, porque ellos compensarán la subida de los precios con los precios internacionales, pero la mayoría de los bolivianos soportaríamos el incremento de los precios, vale decir, que con la misma cantidad de dinero compraríamos menos productos y cuando esto sucede, la gente, para preservar el valor de su dinero, comienza a comprar dólares, lo cual traerá irremediablemente el descalabro del mercado financiero, ya que la gran mayoría de los créditos y ahorros están en bolivianos. Y de producirse una devaluación, como quedarían los créditos —¿se convertirían en dólares?— y los ahorros —¿se crearía un corralito?
Ahora bien, no es cierto que el Gobierno prohíbe las exportaciones, simplemente prioriza el mercado interno. Los empresarios, para generar mayores exportaciones, solo deben incrementar y mejorar su producción; no sería justo que el sacrificio del pueblo boliviano —que a través del Gobierno subvenciona la producción de los empresarios, no solo con los hidrocarburos, sino también con otras medidas, como ser la excepción tributaria y arancelaria—, solo beneficie a los exportadores.
Los bolivianos gozamos de una estabilidad económica y financiera muy sólida, los resultados positivos no solo son económicos, sino también mejoraron las condiciones sociales. La inversión privada debe acompañar a la inversión pública, las condiciones inmejorables que tienen los empresarios deben ser mejor utilizadas para que ellos incrementen sus ganancias y de esa manera contribuir al crecimiento económico.
Miguel Marañón Urquidi es economista.
