Desde 1985, la política económica respondía a un programa dirigido a frenar la inflación, por cuanto se implementaron reformas estructurales de significativa magnitud, diseñadas a la par del Consenso de Washington para abrir discriminadamente los mercados. El gobierno neoliberal debía derrotar a la opositora organización de los trabajadores, utilizando todos los medios represivos a su alcance, sometiendo a la clase obrera a un programa económico que tuvo, como objetivo inicial, una drástica caída de los ingresos de los trabajadores y la liquidación de los recursos de defensa del poder del sindicalismo nacional.
Con el nefasto Decreto Supremo 21060, la política salarial neoliberal consistió en la contención a la mejora de los ingresos de los trabajadores, destapando la incapacidad para reactivar la economía y mejorar las rentas de los sectores populares, logrando el creciente desempleo y marginalidad de éstos. La política de congelamiento de los salarios estaba justificada por el temor a que los incrementos desatarían nuevamente procesos de inflación, los míseros incrementos al salario no tenían ninguna relación con la pérdida permanente del poder adquisitivo. Asimismo, para pagar salarios de maestros y médicos, se necesitaba del apoyo de organismos internacionales (pidiendo limosnas).
En 2006, las finanzas públicas de Bolivia padecían una gran enfermedad económica que se traducía en continuos déficits fiscales, niveles de recaudación tributaria e inversión pública bajos, dolarización de la deuda interna, además de una dependencia de recursos externos. Se heredó un país con una pobreza que afectaba a la mayoría de la población, y una brecha de desigualdad de ingresos entre los más ricos y los más pobres. De ahí que cuando se presentaban crisis económicas, recaían sobre la población trabajadora.
A partir de la implementación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), el principal objetivo fue asumir firmemente el compromiso de reducir esas asimetrías y brechas, a partir de la recuperación de los recursos naturales para la generación de más ingresos y su redistribución entre los bolivianos, por supuesto, favoreciendo a los que tienen menos. Asimismo, en el marco de la austeridad, una de las primeras decisiones fue reducir el salario del Presidente del Estado a la mitad, al igual que la del Vicepresidente, de los ministros y viceministros, además de los gastos de representación que recibían los mandatarios de entonces, independientemente de su remuneración, aclarando que con esos recursos ahorrados se crearon ítems en los sectores de salud y educación.
La política salarial del gobierno, de acuerdo al MESCP, se dirigió a favorecer a los sectores tradicionalmente excluidos y cerrar las enormes brechas que había dejado el neoliberalismo. Los incrementos salariales estuvieron basados en dos pilares fundamentales: primero, incrementos sostenidos por encima de la tasa de inflación, medida adoptada como una forma que, además de reponer el poder adquisitivo, está enfocada en aumentar en términos reales los ingresos de los trabajadores y generar una demanda interna; segundo, beneficiar principalmente a los sectores de salud y educación con la creación de nuevos ítems.
En este sentido, en 2005, el salario mínimo nacional (SMN) alcanzaba a Bs 440, la tasa de desempleo anual ascendía al 8,1%, la pobreza moderada al 60,6% y la pobreza extrema al 38,2%, no obstante, y como resultado de la aplicación de la política salarial del MESCP, en 2021 el SMN registró Bs 2.164, es decir un aumento sustancial del 333%; asimismo, las otras variables presentaron una disminución considerable, 5,2%, 36,3% y 11,1%, respectivamente.
Las políticas públicas implementadas en el marco del MESCP contribuyeron a la reducción de la pobreza y generaron una distribución más equitativa del ingreso, por ejemplo, el Índice de Gini en 2005 tuvo un valor de 0,60, el cual disminuyó a 0,42 en 2021. Asimismo, el ingreso del 10% de la población más rica era de 128 veces el ingreso del 10% de la población más pobre en 2005; en 2021, esta variable mostró una reducción considerable llegando solo a 20 veces. Finalmente, la política salarial en el nuevo modelo económico garantiza a la población un salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna.
Fernando Chuquimia es especialista financiero.
