Miles de partidarios radicales de un presidente derrotado marcharon hacia la sede del gobierno federal, convencidos de que se habían robado las elecciones. Mientras tanto, y en tiempo real, un país conmocionado era testigo de lo que sucedía por la televisión y las redes sociales. La turba irrumpió en el Congreso, el Supremo Tribunal y el palacio presidencial. Las autoridades tardaron varias horas en restablecer el orden y detuvieron a cientos de personas. Con suerte, ese fue el último acto de los bolsonaristas, partidarios extremistas del expresidente Jair Bolsonaro, a quien una vez llamaron el Trump del trópico. Sin embargo, al igual que con el ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos por parte de partidarios del expresidente Donald Trump, no está claro si este es el final de un movimiento político o solo el comienzo de más división y caos.
El nuevo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, ya se enfrentaba al complejo reto de unir a un país dividido, incluso sin tener a un expresidente bombástico en los márgenes y con muchos de sus partidarios ahora propensos a la violencia. Llevar ante la justicia a los responsables del atentado es un punto de partida crucial.
Lo más importante es que la derrota de Bolsonaro provocó entre sus votantes una protesta mucho más leve de lo que se temía, aunque no por ello dejó de ser disruptiva. Lo cierto es que el capital político de Bolsonaro ha disminuido. Cuando abandonó el país, su vicepresidente, el general Hamilton Mourão, dijo a la nación: “La alternancia del poder en una democracia es saludable y debe ser preservada”. También se refirió sin rodeos a “dirigentes que debían tranquilizar y unir a la nación en torno a un proyecto de país”, pero que, en cambio, habían fomentado un clima de caos y colapso social. Auch. Parece que incluso las fuerzas armadas solo quieren una transición tranquila al poder para poder seguir siendo una clase privilegiada sin demasiadas responsabilidades.
Algunos de los antiguos aliados de Bolsonaro en el Congreso apoyan ahora a Lula, y el Índice de Popularidad Digital del expresidente, que rastrea una consultora, ha caído más de la mitad desde su punto más alto. Sin embargo, los bolsonaristas más acérrimos no se van a ir en silencio. No fue sino hasta el lunes que quitaron sus tiendas de campaña en São Paulo, Río de Janeiro y otras ciudades. En Brasilia, las autoridades desmantelaron campamentos y hasta el momento han detenido al menos a 1200 personas. Los seguidores de Bolsonaro llevaban más de dos meses esperando que se produjera un milagro. Y, cuando no ocurrió, intentaron tomar medidas por la fuerza.
En respuesta, Lula firmó un decreto de emergencia que permite al gobierno federal intervenir y restablecer el orden en la capital. Estará en vigor hasta finales de mes. Un juez del Supremo Tribunal destituyó de su cargo de manera temporal al gobernador del distrito federal. Se ha iniciado una investigación para identificar a los alborotadores y a sus patrocinadores financieros. El lunes, al menos una integrante del Congreso pidió al Gobierno que solicitara la extradición de Bolsonaro.
Las democracias necesitan el Estado de derecho para florecer. También necesitan un entendimiento común de que el poder debe transferirse de manera pacífica. Lula tiene mucho trabajo por delante para mantener unida a su nación. Un buen punto de partida será mantener la calma tras estos deplorables sucesos y seguir con firmeza los ritos de la justicia para que los culpables rindan cuentas. Por su parte, Bolsonaro no apoyó a los alborotadores. Pero tampoco les pidió que se fueran a casa. Prefirió dejar que interpretaran su silencio como quisieran.
Vanessa Barbara es columnista de The New York Times.
