Señalar que la derecha boliviana sufre de disonancia cognitiva no ayuda a resolver los dilemas democráticos que enfrenta nuestra sociedad desde hace algunos años. No estamos tratando con esquizofrénicos que dicen una cosa y luego hacen otra, ni tampoco con payasos burlones conscientes de su hipocresía, sino con fascistas convencidos que no se sonrojan ante la evidente incoherencia que existe entre lo que hacen y lo que predican, porque dicha contradicción es necesaria para la consecución de sus objetivos.
Lo que pretenden, en otras palabras, es confundir a la población con su retórica pseudodemocrática, que se refiere en abstracto a ideales imposibles de condenar como la igualdad, la libertad y la justicia, al mismo tiempo que promueven la violencia, el racismo y la impunidad. No se podría esperar menos de un movimiento que se hizo famoso por utilizar la tricolor como prenda de vestir para luego desfalcar el Estado e intentar vender el país al FMI durante el gobierno de Áñez. Curioso nacionalismo conservador ese que, ante su fracaso para desestabilizar al Gobierno con la excusa del Censo, decide abandonar esa capa de rojo, amarillo y verde para abrazar sin complejo alguno la causa federalista. La particular variedad de nacionalismo “pitita”.
Y ya ni hablar de sus supuestas convicciones democráticas, que de repente desaparecen cuando se les habla acerca de la sistemática violación a los derechos humanos de indígenas, campesinos y personas de barrios populares que sufrieron no solo persecución política, sino la vulneración del derecho fundamental a la vida, con dos masacres y ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno de facto, de impronta jailona y clasemediera.
Menos hablar sobre su concepción de justicia e institucionalidad, que parecen olvidar cuando se les recuerdan los antecedentes que condujeron al arresto del rey chiquito de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que van más allá de desoír repetidas citaciones del Órgano Judicial para prestar su correspondiente declaración sobre el caso Golpe de Estado I (eso se queda corto, aunque no es poco); de repente, todos estos supuestos defensores del Estado de derecho se hacen a los oídos sordos cuando se les presenta evidencia de transacciones financieras de un ciudadano privado a miembros jerárquicos de las FFAA, mientras medios como Página Siete tienen el cinismo de poner todavía en duda la existencia de un golpe de Estado en 2019 a pesar de tales pruebas, ¿para qué eran, entonces, esos traspasos de dinero del pequeño Camacho a un general de la Fuerza Aérea?
No falta mucho para que esta oposición se dé cuenta de que ya no es necesario portar una careta democrática para encaminar su lucha política por la restitución de la república excluyente, y cuando ello suceda, valdrá poco señalarle sus inclinaciones autoritarias. En realidad, la popularidad de esta derecha subiría más si dejaran de disimular apego a los valores liberales o posiciones moderadas, bastando los ejemplos de Trump y Bolsonaro para demostrar que es la abierta adopción de posturas racistas y reaccionarias lo que parece seducir a masas de jóvenes lumpenizados que no tienen por qué justificar filosóficamente sus deseos de ascenso social. Al Capone no tenía por qué demostrar la eticidad de sus acciones, porque la única medida para estas personas es el éxito.
En ese contexto, no es la hipocresía o las incoherencias de la oposición las que deben indignarnos, sino el hecho de no sumarse a esta lucha contra el fascismo en Bolivia de forma decidida y sin ambigüedades. No apoyar la defenestración de esta oligarquía de una vez y para siempre es el verdadero acto de traición que ningún renovacionismo podría suponer. No estamos hablando de una disputa por el liderazgo dentro del movimiento popular, sino de una lucha entre el pueblo y el fascismo que debería simplificar cualquier proceso de unificación de las organizaciones sociales en contra de un enemigo que ha demostrado en 2019 hasta dónde es capaz de ir para conseguir sus objetivos. Obviar que ellos, y solo ellos, son el enemigo, ese es un acto de traición.
Carlos Moldiz es politólogo.
