Las acciones ordenadas por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para irrumpir en la embajada mexicana en Quito para detener al expresidente Jorge Glas, han sido totalmente repudiadas en los cuatro puntos cardinales del globo terráqueo.
En una violación flagrante de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención de Caracas de 1954 sobre el Asilo, Noboa no escatimó esfuerzos y mandó a un escuadrón especial, enmascarados y carros blindados para irrumpir en la legación diplomática mexicana a punta de armas de asalto para detener al exvicepresidente ecuatoriano.
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Glas, quien fue vicepresidente de 2013 a 2017, fue condenado por corrupción en Ecuador, pero había salido libre luego que un juez aceptara un recurso de habeas corpus por parte de sus abogados defensores.
Tras nuevas investigaciones en su contra, se refugió desde el 17 de diciembre en la embajada mexicana, país que le concedió asilo político el viernes 5 de abril, horas antes de su sorpresivo arresto.
La misma Convención de Viena establece que ningún Estado podrá invocar normas de derecho interno para incumplir el tratado. Un principio básico y universalmente respetado por los países democráticos.
El accionar del presidente ecuatoriano impresiona y retrotrae la política a épocas prosaicas de la convivencia entre naciones.
Semejante acción no se vio ni en la época tenebrosa cuando imperaba el Plan Cóndor, donde las hordas militares gobernaban a punta de fusil, arrestos, torturas y desapariciones en varios países de Sudamérica.
Noboa no solo destrozó el derecho internacional, también lo hizo con la ley ecuatoriana, artículo 482 del COIP (Código Orgánico Integral Penal). Convirtió a Ecuador en el país de la barbarie y lo arbitrario.
El artículo en cuestión reza: «Para allanar una misión diplomática o consular o la residencia de los miembros de las respectivas misiones, la o el juzgador se dirigirá con copia del proceso a la entidad encargada de las políticas de relaciones exteriores, solicitando la práctica de la diligencia. En caso de negativa del agente diplomático o consular, el allanamiento no podrá realizarse. En todo caso, se acogerá lo dispuesto en las convenciones internacionales vigentes en la República del Ecuador sobre la materia».
La reacción no se dejó esperar y amparado en el derecho internacional, el gobierno de México rompió relaciones diplomáticas con su par ecuatoriano, denunciando la flagrante violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador. Además, pidió suspender a Ecuador de la ONU en una denuncia que presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
En la querella, México exigió “la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas en tanto no se emita una disculpa pública, reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional”. También solicitó “juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México”.
Asimismo, la Organización de los Estados Americanos (OEA) calificó como “improcedente” el operativo policial lanzado por el mandatario ecuatoriano.
Tratando de justificar lo injustificable, Noboa defendió su accionar en el que argumentó que tuvo que tomar decisiones excepcionales “para proteger la seguridad nacional” y añadió que su país “rechaza cualquier tipo de inmunidad a criminales, delincuentes, corruptos y narcotraficantes”.
Recordemos que el mandato presidencial de Noboa se extenderá hasta el 23 de mayo de 2025, que era el final previsto para el gobierno de Guillermo Lasso.
En los pocos meses de gobierno, Noboa, ávido de popularidad, se ha caracterizado de ingresar a la esfera de presidentes como el argentino Javier Milei y el salvadoreño Nayib Bukele, este último caracterizado por las constantes violaciones de los derechos humanos en su lucha contra el crimen organizado.
A inicios de su gestión, Noboa catalogó a 22 bandas criminales de Ecuador como “terroristas”, y en medio de la tensa situación presentó el diseño de dos centros penitenciarios de máxima seguridad para albergar al menos a 1.400 reclusos, algo similar a lo realizado por su homólogo salvadoreño Bukele.
Queda claro que la política aplicada por Noboa genera escenarios bastante oscuros y preocupantes en un Ecuador donde las muertes violentas, secuestros, robos, extorsiones y atentados son cada vez más cotidianos.
(*) Alfredo Jiménez Pereyra es periodista y analista internacional
