El pasado 7 de febrero se recordaron 14 años de vigencia de la nueva Constitución. No hubo actos especiales, pero sí diferentes mensajes. Se destacó el carácter refundacional del proceso constituyente y el reconocimiento de la Bolivia plurinacional, con un amplio catálogo de derechos. El camino aprobatorio del texto constitucional no fue fácil. Tampoco lo ha sido su implementación.
En 2009 Bolivia estrenó una nueva Constitución Política del Estado. A diferencia de todas las anteriores constituciones y sus reformas, fue la primera vez en nuestra historia que un texto constitucional emergía de una Asamblea Constituyente y luego fue aprobado en un referéndum (con más del 61% de votos). Se aprobó pese a la campaña en contra e incluso guerra sucia de las oposiciones, como las iglesias unidas que dieron a elegir “entre la Constitución y la Biblia” (sic).
El camino a la Constitución que hoy lleva 14 años de vigencia no fue llano y, más bien, tuvo que enfrentar varios obstáculos. Desde la demanda original de una asamblea constituyente planteada en la Marcha por la Dignidad y el Territorio de los indígenas de tierras bajas, en 1990, el poder político de la democracia pactada (MNR, ADN y MIR) desahució sistemáticamente esta opción e impulsó reformas parciales. Pero la exigencia no eran ajustes menores en el statu quo, sino un proceso refundacional.
La convocatoria al proceso constituyente solo fue posible con el quiebre, en el periodo 2003- 2005, del viejo sistema político. La Constituyente fue una de las banderas de la “agenda de octubre” y en ese marco se viabilizó en el primer gobierno de Evo Morales. Y en su desarrollo, la minoría opositora intentó por todos los medios abortar el proceso con cuestiones como el carácter originario de la Asamblea, los dos tercios y la capitalidad plena. Incluso se activaron “procesos estatuyentes” paralelos.
Al final del camino, con un acuerdo político por el cual el Congreso Nacional, sin competencia, modificó más de 100 artículos del texto aprobado en la Asamblea Constituyente, se pudo convocar a referéndum aprobatorio, en enero de 2009. Las urnas refrendaron con amplia mayoría la nueva Constitución y, con ella, el inicio de un largo y complejo proceso de refundación del Estado. En eso estamos luego de 14 años, con importantes avances, pero también con frenos, contradicciones y hasta retrocesos.
El desafío mayor del proceso posconstituyente, pues, es preservar no solo la letra sino también el espíritu del nuevo texto constitucional y avanzar en su implementación. Los principios y los derechos reconocidos son fundamentales, pero es necesario garantizar su ejercicio. Se trata de un recorrido complejo, incremental y de largo plazo. Y requiere el impulso y acompañamiento activo del campo nacional popular a fin de evitar tentaciones regresivas e, inclusive, amenazas de regresión autoritaria.
