Vencido el plazo de una exigencia incumplible: Ley de Amnistía para los “presos políticos”, la dirigencia cívica amenaza con activar la revocatoria de mandato del presidente Luis Arce. Diferentes voces, incluidas opositoras, advierten que se trata de un gran error político. El maximalismo de los cabildos tendrá que enfrentar condiciones de viabilidad de sus demandas.
El pasado 25 de enero, grupos de opositores reunidos en diferentes cabildos urbanos tomaron una serie de decisiones en respuesta a la detención del gobernador cruceño, acusado en el ámbito del caso Golpe de Estado I. Además de que en ningún cabildo hubo deliberación alguna, lo que desnaturaliza su esencia como mecanismo de la democracia participativa, fueron encuentros con muy pocas personas, excepto en Santa Cruz de la Sierra. Esos pequeños grupos se atribuyen una representación que no tienen.
Entre otras medidas y declaraciones —en general altisonantes—, los cabildos de la oposición plantearon un ultimátum en dos tiempos. El primero fue exigir al Gobierno la aprobación de una Ley de Amnistía que, en el plazo máximo de 30 días, debía conducir a la liberación de Camacho “y de todos los presos políticos en Bolivia”. En caso de incumplimiento, se pasaba al segundo tiempo a fin de buscar la revocatoria del presidente Arce, “por constituir su gobierno en un régimen dictatorial y antidemocrático” (sic).
Demás está decir que el Gobierno central ni siquiera consideró la posibilidad de tal norma de amnistía. Para empezar, porque en su criterio no hay “presos políticos”, sino políticos y otros actores que están presos por violar la Constitución y las leyes, vulnerar derechos y por denuncias de corrupción. Se trataba, pues, de una exigencia incumplible. La cuestión gira entonces en torno a la viabilidad de revocar el mandato presidencial conforme a los plazos y requisitos establecidos para el efecto.
Formalmente, en mayo se inicia el periodo para activar iniciativas populares de revocatoria. El principal requisito es conseguir en un plazo muy corto (90 días) un elevado porcentaje de adhesiones (25% del padrón en el caso del Presidente, distribuido en todos los departamentos). Y en la eventualidad de lograrse, lo que parece difícil, el otro gran reto es superar tanto el porcentaje (55,11 %) como el número de votos (casi 3,4 millones) con los cuales fue electo Arce en octubre de 2020.
Si bien la revocatoria es un derecho político reconocido constitucionalmente, está en debate la legitimidad de la iniciativa anunciada por la dirigencia cívica. En rigor, surge de una suerte de chantaje impuesto por una minoría de asistentes a los cabildos: amnistía o revocatoria. Es muy probable, como lo advierten incluso algunos voceros de la oposición, que se trate de un paso en falso, pues podría generarse un escenario de desestabilización más bien rechazado ampliamente por la ciudadanía.
