El viceministro de Política Minera, Marcelo Ballesteros, dijo que el Estado protegerá a los actores mineros legalmente establecidos en el país, como el Grupo Minero Sinchi Wayra, que cuenta con respaldo legal en sus operaciones mineras.
“El Estado tiene que proteger a los actores mineros legalmente reconocidos”, aseguró la autoridad en radio Fides.
Aseguró que junto a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) busca la reubicación en áreas autorizadas de los cooperativistas que avasallaron la Operación Minera Reserva-Tres Amigos, en Potosí.
En ese marco, Ballesteros convocó el viernes a una reunión a los representantes de Sinchi Wayra, a la Federación de Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia y los cooperativistas que avasallaron en Potosí.
Sin embargo, los acusados no se presentaron al diálogo, por lo que el viceministro anunció que gestionará otro encuentro.
“Hemos tenido una reunión; lamentablemente, solo estuvo la empresa (Sinchi Wayra) y el sindicato de trabajadores de la empresa”, dijo el viceministro en RTP.
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Sinchi Wayra
Indicó que la Comibol está encargada de hablar con los avasalladores para que desalojen el lugar.
“Se les ha insinuado que puedan hacer el desalojo, pero como estuvieron en la reunión, la Comibol hará solicitud para que puedan ir saliendo. Entendemos que hay un grupo más reducido que está ingresando con colchonetas, frazadas”, complementó.
Remarcó que el Estado “hará respetar los derechos de cualquier actor minero” y aseguró que para resolver un “conflicto de esta magnitud” se requiere dialogar con todos los involucrados.
El jueves, Sinchi Wayra denunció que unos 800 cooperativistas avasallaron la Operación Minera Reserva-Tres Amigos, en Potosí.
La compañía pidió la intervención de las autoridades para preservar la vida y la seguridad de los mineros ante la violencia de los invasores.
Tras el hecho, la Asociación Nacional de Mineros Medianos de Bolivia (ANMM) rechazó los avasallamientos en áreas mineras legalmente establecidas. Y advirtió sobre el riesgo que estos hechos representan para la seguridad jurídica, la inversión y la vida de los trabajadores.
También la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) expresó su “enérgico rechazo” y observó “permisividad e impunidad” en este tipo de hechos.
