Oruro se convirtió en los últimos días en una ciudad donde la hostilidad, el caos y las agresividades sueltas han desportillado los mecanismos que las controlan y civilizan. La manzana de la discordia: la imposición de nuevas tarifas por parte del autotransporte en desmedro de la población. Al respecto, hay que entender que la exigencia de este sector se ampara en un estudio de costos realizado por el municipio, que en ningún momento fue aprobado y puesto en vigencia por el Legislativo municipal. Empero, los dirigentes del autotransporte lo utilizan como “bandera prosaica” para sustentar sus violentas imposiciones. “Imposiciones ilegales», desde luego, ya que un sector no puede usurpar una competencia que corresponde al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (artículo 302 de la Constitución y leyes 482 y 031) y normativas conexas.
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Por exacta analogía, la Sala Constitucional N° 2 del Tribunal Departamental de Justicia decidió conceder la tutela a un ciudadano orureño que presentó una “acción popular”, poniendo en evidencia que el sector del autotransporte definió de manera ilegal una estructura tarifaria atentatoria a los derechos colectivos. La resolución exhorta a la Alcaldía de Oruro a viabilizar una ley municipal del transporte que será el instrumento normativo que primero genere estándares de calidad en los servicios de transporte, tráfico y movilidad urbana, para después en su reglamentación, definir una estructura tarifaria acorde a la realidad del mercado, basada en estudios de costo-objetivos, y consensuados.
Adentrándonos en ese terreno, es imperativo señalar que la Ordenanza 98/2013 no refleja la realidad actual de la ciudad de Oruro y que, por tanto, es necesaria una nivelación de tarifas que debe ir acompañada de una mejora en la calidad del servicio, porque como decía Vasily Smyslov, “en el ajedrez, como en la vida, el adversario más peligroso es uno mismo”, y si el sector del transporte exige una nivelación de tarifas, debe entender que también debe mejorar el servicio que brinda. Caso contrario, la población no legitimará ninguna definición al respecto.
Por tanto, es el transporte el que le puso el cascabel al gato, actuando como su propio enemigo, porque de la mano de sus demandas salieron, a la par, las demandas de los vecinos orureños que exigen al transporte poner en condiciones óptimas sus motorizados, ya que muchos de ellos son arcaicos y generan ruidosa contaminación, cumplir el trameaje y los horarios, ya que a partir de las 20.30 el ciudadano ya no encuentra minibuses, y a partir de las 21.00 éstos, dependiendo la cantidad de pasajeros, ya no quieren adentrarse fuera de la avenida Circunvalación, y lo propio ocurre con los taxis, que actúan como “taxistas neoliberales”, ya que cobran lo que les viene en gana: hasta Bs 40 la carrera en algunos casos. Y, por otra parte, no quieren brindar el servicio a un solo pasajero, simplemente no lo alzan, prefieren alzar dos o más pasajeros; incluso eligen a los pasajeros según su destino, porque están acostumbrados a operar solo en su zona de confort.
Por consiguiente, Oruro necesita orden y para ello es imperativo trabajar una ley municipal del transporte, que no necesariamente debe ser consensuada en todos los aspectos normativos con todos los sectores, pero sí ampliamente socializada, para que goce del “principio de legitimidad” desde sus cimientos. Esto evitaría la generación de conflictos innecesarios y discursos farsescos por parte de un sector que ha generado violencia con sus imposiciones ilegales en la capital del folklore boliviano.
(*) Freddy Rivas Orozco es abogado y comunicador, especialista en ‘fundamentación jurídica’
