El martes último, autoridades de gobierno, encabezadas por el Viceministro de Autonomías, se reunieron con alcaldes de los nueve gobiernos municipales de capitales de departamento, más El Alto, y acordaron formar tres mesas de trabajo para discutir y avanzar en la ejecución de la Ley 1407, del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025. El diálogo se ve como el mejor camino.
Al parecer, fue a instancias de las y los 10 alcaldes de las principales ciudades del país que el Gobierno nacional se avino al diálogo el 22 de noviembre, cuando estas autoridades se desmarcaron de la corriente impulsada por el comité cívico cruceño y seguida por los partidos Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos en la Asamblea Legislativa a través de sendos recursos ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, los unos observando la supuesta inconstitucionalidad de la norma, los otros hablando de “anticonstitucionalidad”.
El resultado de la reunión fue el acuerdo de establecer tres mesas de trabajo: salud, reactivación económica y lucha contra el contrabando; pero además se obtuvo el reconocimiento de parte de las autoridades municipales de que la ley no vulnera las autonomías, idea que el burgomaestre de Santa Cruz de la Sierra sintetizó diciendo que “hemos coincidido en que se va a respetar las autonomías”, mientras que el Alcalde de La Paz señaló en su Twitter estar contento “porque hemos generado confianza y buena política que anteponen el beneficio colectivo, el bien común”.
En rigor, la principal preocupación de las y los jefes de gobiernos locales era conocer de dónde provienen los $us 33.197 millones anunciados en el anexo de la norma y que se espera sean invertidos en los próximos cuatro años, pues ya se había identificado que, como señaló el director ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) en entrevista con La Razón Radio, los argumentos de CC son “falsos” y que buscan confundir a la población.
A pesar de este acuerdo, que había sido precedido por la decisión de las universidades autónomas del país de no participar en las protestas y movilizaciones, ayer, representantes de CC y Creemos anunciaron que mantienen su demanda de abrogar la norma, brindando una lectura forzada del artículo 317 de la Constitución Política del Estado e ignorando lo dispuesto en los artículos 298, que establece como competencia privativa del nivel central del Estado la “política económica y planificación nacional”, 300 y 302, donde se señala que el desarrollo departamental y municipal deben ser planificados “en concordancia con la planificación nacional”.
Queda, pues, la evidencia de que, por un lado, los partidos opositores en la Asamblea Legislativa han adoptado una estrategia ciega y sorda destinada a impedir el debate democrático; pero, por el otro, que es posible establecer bases para construir un diálogo orientado a solucionar demandas y necesidades de la población antes que apetitos personales o de clase de unos pocos dirigentes dispuestos a dañar la democracia antes que reconocer la autoridad del Gobierno.
