Tras la propagación de la pandemia del COVID-19, seguida por el cierre de las economías a nivel mundial, los resultados económicos reflejaron cifras negativas alarmantes; ante dicho escenario, organismos internacionales plantearon distintas alternativas con el objetivo de impulsar la reactivación económica y procurar la mitigación de los efectos negativos de la pandemia, siendo una de las medidas propuestas esenciales la aplicación de una política fiscal expansiva.
Al respecto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su informe Panorama Fiscal 2021, señala que la región fue una de las más afectadas por el COVID- 19, intensificándose muchas brechas estructurales, entre ellas las sociales y de salud; es así que para hacer frente a los efectos sociales y económicos, los países adoptaron políticas que en una gran mayoría estuvieron orientadas a fortalecer los sistemas de salud pública, apoyar a las familias y proteger la estructura productiva, a través de la implementación de subsidios y transferencias corrientes, instrumentos empleados para mitigar los impactos sociales y económicos pospandemia.
Un comportamiento bastante común fue la expansión del gasto público a fin de atender la crisis y la caída en la recaudación tributaria, dos temas que condujeron al aumento significativo de los déficit fiscales y de los niveles de endeudamiento en la región.
Sin embargo, en el caso particular de nuestro país, una vez posesionado el actual Gobierno, este ahondó en la aplicación de medidas en pro de la reactivación económica, que a la fecha han mostrado resultados positivos, a más de año y medio de haberse registrado el primer caso de COVID-19, del cierre total de la economía con cuarentenas rígidas que truncaron el normal desenvolvimiento de las actividades, afectando principalmente a las personas que trabajan y generan ingresos al día; la situación se revierte, pues a la fecha, pese a la propagación de la tercera y cuarta olas, gracias a la vacunación masiva que aún se encuentra en curso, muchas actividades económicas han logrado mostrar un comportamiento ascendente, tal es el caso del comercio y los servicios, repercutiendo de forma directa en la percepción de ingresos tributarios para el Estado y también en la mejora de éstos para la población.
En ese marco, analizando el comportamiento de dichos ingresos, se percibe que existe un incremento del 15,8% comparando los datos reportados a octubre de 2021 por las administraciones tributaria y aduanera contra similar período de 2020. De forma particular, los impuestos que permiten ver de forma más directa el comportamiento de la economía son el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT) que, por su característica, se efectúan de forma mensual, impuestos que denotan un crecimiento del 29,2% y del 24,9%, respectivamente. Hablando en términos separados por tipo de administración, la recaudación administrada por el Servicio de Impuestos Nacionales reporta un crecimiento del 15,5%, mientras que la administrada por la Aduana muestra un crecimiento del 32,6%; dichas cifras denotan claras señales de reactivación económica que no pueden ser negadas por opiniones sesgadas y oportunistas.
En muchos casos podría resultar objetable el período de comparación, señalando que el punto de partida (2020) no es un año propicio y que cualquier cifra comparada con ese fatídico año resultará siempre positiva (cabe aclarar que dicha forma de comparación es efectuada en todos los países y que no representa un artilugio aplicado únicamente en Bolivia); sin embargo, tomando en cuenta las condiciones en las cuales se encontraban el país y su economía, a octubre de 2020, los esfuerzos para cambiar su rumbo debían ser mayores, por lo que le tocó al Gobierno asumir grandes retos para empezar a obtener los actuales resultados.
Lilian Loayza Ojeda es economista.
