El mandato de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) para que los partidos y agrupaciones ciudadanas adecuen sus documentos constitutivos a la nueva normativa está provocando interesantes movimientos internos. Las organizaciones con personería jurídica vigente deben reunirse y tomar decisiones orgánicas. Esto es saludable para el sistema de representación política y para la democracia.
La promulgación de la LOP, en septiembre de 2018, marcó un hito en la legislación sobre organizaciones políticas en el país, poniéndola al día respecto a la nueva Constitución Política y la normativa en democracia. El propósito central es alentar la democratización interna, todavía esquiva y distante. Más allá de la paridad numérica, se incluye también un valioso régimen de despatriarcalización. Y se adopta un innovador modelo de fortalecimiento público para el financiamiento indirecto de los partidos políticos.
Entre otras disposiciones, la LOP establece que hasta el 31 de diciembre de este año todos los partidos políticos (11 en la actualidad) y agrupaciones ciudadanas (117 en los diferentes departamentos) deben realizar la adecuación de sus estatutos orgánicos. Hasta el momento, entre los partidos, solo el MAS-IPSP cuenta con resolución aprobatoria del TSE. Los otros están avanzando en diferentes etapas del proceso. En general, se espera que este proceso derive también en la renovación de dirigencias.
Otro desafío relevante para los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, también establecido en la LOP, es la actualización del registro de su militancia. Deben hacerlo al menos una vez por cada período constitucional y hasta un año después de las últimas elecciones subnacionales. Así, en este caso tienen plazo hasta marzo próximo para mirarse en el espejo orgánico y actualizar sus padrones de militantes. Las inéditas elecciones primarias de enero de 2019 demostraron cuán compleja puede ser esta labor.
En ese contexto, dos noticias destacaron estos días respecto a movimientos partidarios. La primera tiene que ver con la decisión del excandidato presidencial Carlos Diego Mesa y su entorno de convertirse en partido político. Sin romper la alianza electoral Comunidad Ciudadana, vigente hasta 2025, aspiran a formalizar su registro como partido, con nombre Comunidad (hasta ahora inexistente). Para ello deberán acreditar al menos 105.000 militantes en todo el país. No parece sencillo.
La otra noticia es el cambio de jefatura en Unidad Nacional. Por decisión de su congreso, el hasta ahora jefe único del partido, Samuel Doria Medina, cedió ese lugar a una mujer, la exdiputada Elizabeth Reyes. La vicepresidenta también es mujer. Se trata de una interesante señal de renovación interna y, en especial, de reconocimiento al liderazgo de las mujeres. Y es una muestra de que los partidos políticos tienen varios desafíos, empezando por el más elemental: su democratización interna.
