Llegamos a otro fin de año, tiempo de reflexión pese a los avatares por los que transitó nuestro país por las luchas intestinas entre intereses corporativos y políticos, por la división profunda entre ciudadanos, por la anomia galopante a todo nivel y por la inusual competencia de convocatorias entre los que ostentan el poder y aquellos que lo pretenden, para marchar en calles y caminos. Hace un año había calificado la gestión 2020 como un año para el olvido, hoy la evaluación del 2021 no tiene atisbos de cambio ni de una real mejora. Para hablar del sector minero, al que se dedica este espacio de opinión: seguimos con problemas de informalidad y de ilegalidad ya más notoria con el paso del tiempo, con problemas en Vinto, Karachipampa, Huanuni, en el proyecto de litio paralizado, en el Mutún con una acería que se instala a paso cansino y que todavía no sabemos si será rentable o será un nuevo elefante blanco, con el mismo crecimiento paquidérmico del subsector cooperativo y con la obsecuencia de autoridades del sector, que se regodean por el aumento del valor de las exportaciones apalancado por el crecimiento de operaciones informales y el alza de precios de algunos metales (oro, plata, estaño, zinc, etc.). Esto produjo un aumento de regalías e impuestos y pinta un panorama alentador pero irreal por las causas que se anotan. Cuando decimos que el valor de las exportaciones a octubre de 2021 fue de $us 8.926,4 millones, que significa un incremento de 65,4% respecto de igual periodo de la gestión anterior (INE, Boletín COMEX a octubre 2021), sin considerar que esa gestión fue muy irregular y con una pandemia galopante de por medio, se puede llegar a interpretaciones optimistas muy erróneas. Cuando decimos que de este total las exportaciones de oro metálico tienen un valor de $us 2.021,3 millones, debemos interpretar que el 22,6% de este rubro está controlado por la cadena de producción-comercialización extremadamente informal del oro aluvional del noreste (sin contar la informalidad en otros sectores económicos), que ya indica un correlato que debería llamarnos a reflexionar sobre lo indicado hasta aquí.
Las fiestas de fin de año no son tiempos de debates, tampoco de promesas grandilocuentes, pero sí de meditación, raciocinio y esperanza; de poner los pies sobre la tierra y marcar un camino crítico para mejorar la gestión y cumplir metas mínimas de planificación y desarrollo del sector que es líder en la generación de divisas para la economía nacional y que merece un mejor destino. A lo largo de la gestión que termina y en esta columna, se analizó el detalle de los problemas mencionados líneas arriba y se propuso algunas reformas para salvar el cuello de botella que significan algunas partes de la Ley Sectorial 535 y que tienen que ver con derechos mineros, tratamiento a las inversiones privadas, acceso a financiamiento bursátil, informalidad en la cadena productiva y de comercialización, etc. No hay respuesta del nivel de gobierno a estas inquietudes y el sector sigue con una aguda sequía en generación de nuevos proyectos mineros y en desarrollo de áreas con potencial exploratorio. Así será difícil, si no imposible, un repunte de la actividad. La inversión pública anunciada para la gestión 2022 de más de $us 5.000 millones no tiene un componente importante en lo mencionado líneas arriba y mantiene la tendencia a seguir apoyando los proyectos actuales y de transición (Mutún, salares, fundiciones, etc.) y deja muy poco para apoyar la generación de nuevas minas; no se apoya adecuadamente a la iniciativa privada en este punto y se deja al sector informal la iniciativa y el apoyo. Así las cosas, ojalá estas fiestas de fin de año permitan una sana reflexión que abra un nuevo horizonte para el sector y para el país. Felices fiestas.
Dionisio J. Garzón M. es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.
