Lo sucedido el jueves de la semana pasada en la zona de Guarayos, en Santa Cruz, donde un supuesto grupo de campesinos interculturales secuestró, amedrentó y golpeó a un grupo de policías, periodistas y otras personas, debe ser entendido como una temible alerta de un problema que crece en magnitud y conflictividad. El Gobierno ha dado muy malas señales al respecto.
Aunque los conflictos por la posesión de tierras en el oriente boliviano no son cosa nueva y más bien son el constante recordatorio de que en Santa Cruz y Beni está la mayor desigualdad en la distribución de tierras (sin importar realmente su vocación productiva, que puede ser cambiada luego de una buena negociación entre el Gobierno y las partes interesadas), fue en 2019 cuando las élites cruceñas y los medios de comunicación que les apoyan reinstalaron la narrativa de los “avasallamientos”.
Entonces se dijo que grandes grupos de interculturales (llamados colonizadores antes de 2009) estaban siendo “acarreados” por el Gobierno para ocupar tierras que, sin motivo alguno, se supone que pertenecen a los “cruceños” (es decir a los medianos y grandes empresarios agroindustriales y no a los campesinos y/o indígenas que habitan la zona); también se los acusó, ese año, de ser causantes de los incontrolables incendios que desde hace al menos dos décadas asolan la zona en tiempos de sequía, cuando se prepara la tierra para la campaña de verano.
A mediados de septiembre último se supo que en la zona de Guarayos había ocurrido un enfrentamiento entre supuestos interculturales y un grupo encabezado por quien se reclamaba legítimo propietario de un predio tomado por la fuerza, que se saldó con varias personas heridas, una de ellas por arma de fuego. Pese a la alerta de la Defensoría del Pueblo, el Gobierno no hizo nada al respecto.
Finalmente, hizo falta que las y los afectados por la creciente violencia en la zona fuesen periodistas para que la sociedad conozca siquiera de manera superficial el tamaño y la gravedad de lo que está sucediendo. Denuncias y contradenuncias a cargo de las autoridades nacionales y departamentales ayudaron a fijar bandos en los cuales la población puede alinearse, pero no a aclarar lo que está sucediendo. Hoy, los unos sospechan que las élites quieren apropiarse de tierras fiscales; los otros ven que los interculturales se apropian de tierras públicas y hasta apelan al uso de armas para consolidar su ilegítimo proceder.
En el camino queda el Gobierno nacional, ora como cómplice de avasalladores violentos, ora como demasiado débil como para intervenir en una zona cada vez más caliente y en la que solo los más temerarios y violentos tienen las de ganar. En cualquier caso, las pretensiones políticas de los involucrados siguen siendo un obstáculo para comprender la verdad y la magnitud de lo que está sucediendo en el oriente boliviano, y es evidente que a nadie le interesa cambiar ese estado de cosas.
