Hay una niña en Yapacaní a la que han violado muchas veces, en cuerpo y en derechos. Primero violaron su derecho a la familia, al ser abandonada por un padre al que nadie menciona. Después violaron su derecho a la protección, al dejarla al cuidado de un pariente que violó su cuerpo en repetidas oportunidades. Cuando quedó encinta, el personal del hospital violó su derecho a la intimidad filtrando su caso a la prensa y permitiendo que la Iglesia Católica violara su derecho a terminar legalmente su embarazo. Aprovechando su vulnerabilidad y la de su madre, la Iglesia violó además su derecho a la salud, sacándola de un centro médico para trasladarla a un hogar de acogida. De acuerdo a la denuncia de la Defensoría del Pueblo, ese recinto no cuenta con las condiciones necesarias para atender un embarazo de alto riesgo, como es el de cualquier niña. A los 11 años, tiene cinco veces más posibilidades de morir como consecuencia del embarazo. Es decir que se está violando también su derecho a la vida.
La retención de una niña por parte de quienes no tienen potestad legal sobre ella es una forma de secuestro. La propia madre admitió que los responsables del centro de acogida no le permiten entrar a verla. La ONU señaló que impedir la interrupción legal del embarazo de una menor violada puede ser calificado como tortura. Por eso afirmo que la Iglesia ha secuestrado a una niña para poder torturarla durante los meses que faltan para dar a luz a otro niño, que nace sin el primero y fundamental de sus derechos: el derecho a nacer deseado.
Dice la madre que su hija no quiere criar al niño que la están obligando a parir. ¿Alguien puede sorprenderse de eso? Así como una niña de 11 años no está físicamente lista para parir un hijo, tampoco está emocional ni psicológicamente lista para criar a nadie. Entonces la madre afirma que “ya verán después” si lo dan en adopción o lo cría ella. Ambas opciones son malas.
Estoy haciendo un enorme esfuerzo para no juzgar a la señora porque no sé nada de ella, de su vida ni de sus experiencias. Es muy probable que, como siete de cada 10 mujeres en Bolivia, también haya sido víctima de violencia. Es evidente que es una persona vulnerable, a quien la Iglesia ha podido fácilmente manipular con amenazas y promesas. Es fácil deducir que, si no pudo proteger a su hija de la violación primero y del secuestro y la tortura después, no está calificada para criar a otra guagua. Y en cuanto a la adopción, es importante recordar que en 2020 solo seis niños fueron adoptados, quedando 5.678 niños en lista de espera. Dice la Iglesia y sus abogados que la niña de Yapacaní sufriría un trauma si aborta. ¿Y no es traumático para cualquier persona saber que has parido una guagua para abandonarla en un orfanato, sometida a quién sabe qué abusos y estrecheces?
Se ha reportado que, a cambio de firmar el desistimiento al aborto, la Iglesia ofreció a la madre un empleo con Bs 2.000 de sueldo y promesas de cuidar a su hija por los cuatro meses que faltan hasta que la guagua nazca. ¿Y los cientos de meses que vienen después? ¡Qué fácil es forzar tus creencias en la vida de otros, dejándoles a ellos que se encarguen después de las consecuencias!
Como bien dice la Iglesia, en esta historia estamos hablando de dos vidas. La vida de una niña de 11 años y la vida de un violador. Mientras la vida de ella ha sido agredida, su infancia truncada y su futuro puesto en cuestión, de la vida de él se dice muy poco. Sabemos que es de la tercera edad. Sabemos que está bajo detención preventiva. Y sabemos que puede perfectamente caer dentro de la estadística: solo el 6% de las denuncias por violencia sexual llegan a juicio y menos del 2% de los violadores son condenados en firme. Quizás muy pronto este señor salga de la cárcel y se reincorpore a la casa familiar de la niña. Pero de eso, nadie dice nada.
Hay dos vidas que están en juego en esta historia. Los abogados de la Iglesia alegan que el Estado no puede elegir entre los derechos de una niña y los de un bebé, que tiene también derecho a la vida. Y en ese aspecto, desde lo estrictamente legal, la Iglesia está en lo correcto. Debido a la presión de grupos religiosos y a la cobardía de legisladores y asambleístas, la Constitución y las leyes han generado un absurdo: al definir que la vida comienza en la concepción, se determina que el feto es un sujeto de derechos. Como consecuencia, tenemos una niña nacida hace 11 años cuyos derechos están siendo violados para defender los derechos de un ser que aun no ha nacido. Por tanto, si algo bueno puede salir de este terrible drama, es reabrir una discusión que se cerró por cobardía. Ya basta de parches leguleyos y de tratar de estar bien con todos. Es tiempo de discutir, de pelear y de aprobar para Bolivia una verdadera despenalización del aborto.
Verónica Córdova es cineasta.
