Tras dos meses de bajo perfil desde que presentaron su propuesta de reforma de la justicia, el grupo de “juristas independientes” dio un nuevo paso: la imprimió. No está mal, aunque del libro al referéndum para la reforma constitucional hay todavía un trecho. La buena noticia es que este tipo de propuestas alienta el debate público sobre una reforma ya impostergable.
Antes de analizar la propuesta (hoy libro), es necesario situar desde dónde se habla. Los proponentes hacen un esfuerzo especial por representarse como “juristas independientes”. Tanto empeño parece demostrar que tal independencia, como ocurre con algunos operadores mediáticos, es una argucia. La mayoría de los juristas, algunos destacados en su campo, provienen de la oposición (hay hasta excandidatos). Claro que ello no invalida su propuesta, pero es bueno asumir la fuente con transparencia.
Veamos la propuesta. El diagnóstico es certero: tenemos una insoportable crisis terminal del sistema de administración de justicia. No es un dato de coyuntura ni algo simple. Aunque la crisis es de larga data, hoy el sistema está agotado. La justicia privilegia a unos pocos, los jueces están lejos de ser idóneos e independientes, hay retardación, en los juzgados prima la corrupción, el presupuesto asignado es insuficiente, en fin, hay abuso de la detención preventiva y hacinamiento carcelario.
¿Qué hacer? La propuesta supone una reforma parcial de la Constitución Política del Estado: modificar 12 artículos e incluir dos nuevos. Los ejes tienen que ver con la creación de jueces de paz para garantizar el acceso a la justicia, la revalorización de la justicia indígena a fin de asumir el pluralismo jurídico y un salto presupuestario con previsiones para su buena administración. Pero sin duda el núcleo propositivo está en la modificación del mecanismo de elección de las altas autoridades judiciales.
Los juristas no independientes proponen dos cambios de fondo. El primero es que, en lugar del actual proceso de preselección de postulantes a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, se conforme una Comisión de Postulantes para la elaboración de ternas, de las cuales la Asamblea elige. El segundo cambio es que, en vez de la votación popular, el soberano se pronuncie en un referéndum ratificatorio o denegatorio (en rigor, se trata de un plebiscito). Comisión, Asamblea, urnas. Parece complicado.
Para lograr esta reforma, que pasa por modificar la Constitución, los proponentes apuestan por la iniciativa ciudadana. No quieren nada con el Estado ni, menos, con el Gobierno. La iniciativa requiere, nada menos, casi un millón y medio de firmas. Por ahora hay mil libros impresos y, entendemos, voluntad deliberativa. Los juristas tienen a su favor una población que, en amplia mayoría, desconfía de la justicia y demanda su reforma. Ojalá las propuestas se multipliquen, se conozcan y se debatan.
