La izquierda boliviana está a la defensiva en el debate económico, ha perdido la iniciativa. Son tiempos crepusculares, de poca generosidad, pérdida de sentido de Estado e incertidumbre al interior del bloque popular. Al parecer todo vale, incluso demoler la herencia económica del proceso de cambio para derrotar al Gobierno, en un caso, o para desmerecer a Evo Morales en el otro.
Tampoco ayuda la mediocre gestión económica de la actual administración, su incapacidad comunicativa y su atrincheramiento en el fetiche “industrializador” como única respuesta a todos los desafíos económicos. El MAS, en todas sus facciones, parece haber dejado de ofrecer esperanza, rebosa, en cambio, de inercias estériles, poca imaginación, burocratismo y nostalgia de un pasado que ya no volverá.
Obviamente, en semejante contexto, la vía esta libre no solo para la crítica constructiva, sino para la exacerbación de la bronca contra las ideas económicas de la izquierda condimentada de irresponsabilidad, piromanía, exageraciones y propuestas primitivas.
Para los opositores, el gasto público y la deuda son un anatema; el Estado, un dispositivo diabólico y los servicios públicos, una ofensa. Ideas transmitidas con aires de indignación y transgresión en la moda de las extremas derechas globales. Trumpistas criollos en ideas y formas, poco originales, pero que están avanzando.
Recuperar la iniciativa intelectual es pues urgente desde el campo progresista. Eso implica reivindicar con claridad la transformación socioeconómica impulsada por el gobierno de Evo Morales con todas sus luces y, por supuesto, sombras. Solo podremos ir más lejos desde una lectura sincera e incluso descarnada de la economía y la sociedad que emergieron en estos 15 años.
Sobre todo, exige reivindicar principios que a algunos se les están olvidando a fuerza de parecer modernos o admisibles para las “clases medias”: la prioridad por los pobres y vulnerables, la lucha por la igualdad y una visión de un Estado, expresión de los intereses públicos que tiene un rol crítico en la economía y la sociedad. Sin que eso implique desentenderse de los desequilibrios macroeconómicos, reconocer fracasos y repensar instrumentos y estrategias.
Implica dejar claro que la justicia social es un poderoso factor para impulsar la emancipación y la libertad de todos los ciudadanos y particularmente de los que menos tienen.
Modernizar el Estado, acercarlo a los ciudadanos, despojarlo de sus burocratismos kafkianos, repensarlo como un actor estratégico con una visión sofisticada de los retos geopolíticos y económicos, ponerlo al servicio de la creatividad y necesidades de los ciudadanos son, por ejemplo, ineludibles tareas de esa renovación. Hay que subvertir al Estado desde adentro para que el proceso de cambio sobreviva.
Eso implica, de igual modo, tratar la cuestión de las industrias extractivas, que serán determinantes para cualquier trayectoria económica que elijamos, habilitar un nuevo salto infraestructural y educativo, proponer un nuevo trato a los territorios o perfilar respuestas económicas innovadoras a la dinámica sociedad plurinacional, plebeya e informal que hoy es hegemónica.
Esa nueva agenda, por supuesto, tiene que fundamentarse en una potente ambición social que proteja lo avanzado y que genere esperanza particularmente entre los que tuvieron fe en este proceso desde sus inicios, los pobres, los marginados, los que no tienen casi nada, pero deben estar siempre en el corazón de la izquierda y la patria.
Armando Ortuño es investigador social.
