Días atrás se realizó en Ginebra, Suiza, en la sede de la Organización de Naciones Unidas, una sesión del Comité Contra la Tortura en la que se presentó el informe de su Relator con relación a los sucesos de octubre y noviembre de 2019. Previsiblemente, el informe, imparcial y autónomo, arrojó más evidencia de los excesos cometidos luego de la caída de Evo Morales.
En la sesión del CAT (sigla del órgano en inglés), el Relator nombró tanto el informe de la Defensoría del Pueblo como el de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, ambos con abundante evidencia de los asesinatos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas en Sacaba y Senkata, además del caso “de 28 personas arrestadas en El Alto, que fueron sometidas a torturas y otras formas de malos tratos, incluyendo amenazas de muerte, electrocuciones, asfixias con bolsas de plástico, golpes con culatas de armas, privación de alimentos y agua, abusos sexuales y simulaciones de ejecuciones”.
El Comité no solo prestó atención a los más evidentes aspectos de los excesos del gobierno transitorio, sino también llamó la atención sobre lo que calificó como “comportamiento errático y partidista de la Policía”, señalando desde el hecho que hubieran arrancado de sus uniformes la wiphala, en uno de tantos actos de racismo documentados por el Comité, hasta el haber permitido la actuación de grupos “paraestatales” opositores al entonces presidente constitucional.
También relieva el hecho de que, luego de la renuncia de Morales, “la persecución judicial ha sido tendenciosa con un carácter político” y que se hizo uso de “cargos de sedición, terrorismo y violaciones de sus obligaciones”, tipos penales que han sido también puestos en cuestión por el órgano especializado en la investigación de torturas y tratos inhumanos, crueles o degradantes. De ahí que también cuestione el uso de idénticos argumentos para detener y juzgar a la presidenta interina y parte de su gabinete de ministros.
Finalmente, en su informe el Relator del CAT subrayó el hecho de que “la instrumentalización política del sistema de justicia vulneró su independencia. La injerencia política se tradujo en procesos abusivos en el uso de imputaciones infundadas o desproporcionadas en detenciones arbitrarias de líderes políticos”, a nadie sorprendió en Bolivia que los operadores mediáticos del golpe hubieran publicado únicamente este aspecto del informe, y usándolo a favor de la presidenta interina.
Se trata, pues, de nueva evidencia que recuerda a la población y a los gobernantes que lo sucedido en octubre y noviembre de 2019 no solo fue un asalto a los derechos y garantías constitucionales a las personas opuestas al modo en que se derrocó a un presidente constitucional, sino también de que la enfermedad del Órgano Judicial que entonces posibilitó las persecuciones políticas sigue presente en el país, demandando ajustes en la norma penal y en el comportamiento de las y los administradores de justicia.
