De acuerdo con el itinerario tradicional de la conflictividad del país, podría suponerse que a partir de este mes de mayo se cuenta ya con la solución de los diferentes movimientos reivindicativos, las demandas sectoriales y los pliegos petitorios que se fueron presentando aproximadamente desde mediados de febrero.
En este año, sin embargo, todo hace pensar que quedan muchas reivindicaciones y demandas sin solución a la vista. Y tampoco se aprovechó el Día de los Trabajadores para presentar un programa completo y coherente orientado a disminuir la incertidumbre relacionada con las perspectivas de la economía en general y en particular con la situación de las relaciones laborales. Por el contrario, existen motivos para anticipar un mayor deterioro de la calidad del empleo en sus diferentes componentes.
Por principio de cuentas, no hay posibilidad alguna de que disminuya en el futuro próximo la informalidad y aumente en cambio el empleo de calidad, definido como aquel lugar de trabajo donde rigen plenamente los derechos laborales, se cumplen las diversas normas de higiene y seguridad, al mismo tiempo que impera una satisfacción laboral verificable. No es el caso por cierto de los cuentapropistas ni de los asalariados en las micro y pequeñas empresas artesanales y comerciales, que sobreviven precariamente porque no cumplen con las normativas salariales, sanitarias, tributarias y otras disposiciones en vigencia.
Por otra parte, las dificultades para conseguir divisas en las cantidades acostumbradas con fines de importar materia prima, equipos y otros insumos, además de los contratos que se pactan en dólares, permiten anticipar que no habrá expansión del empleo de calidad en el estrato de las pequeñas empresas, e incluso que más bien podría ocurrir una contracción de sus actividades con las consiguientes reducciones de la ocupación.
No es necesario abundar más con negros presagios sobre el deterioro que se anticipa en materia de empleo, aspecto que está estrechamente relacionado con las inversiones previstas por parte de los empresarios privados. Las expectativas al respecto no son buenas y podrían incluso empeorar, como consecuencia de circunstancias imprevistas como es el caso de la reciente intervención de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) en el Banco Fassil, cuyo desenlace es todavía difícil de establecer.
El clima de inversiones no es favorable en estos momentos, y sin una notoria modificación del estilo de gestión de las principales autoridades económicas, financieras y laborales, no se pueden esperar cambios significativos en el volumen de nuevas inversiones privadas legales y reproductivas.
Esto no vale ciertamente para el contrabando de todo tipo, que prospera a ojos vista y añade a sus negocios el mercado negro de divisas.
Los argumentos anteriores describen solo una parte de las circunstancias críticas que afligen al país, y que son suficientes para afirmar que existen varias crisis irresueltas que necesitan ser abordadas más pronto que tarde.
La crisis no es un destino, pero podría convertirse en tal si es que no se adoptan nuevos modos de gestión de las políticas públicas en general y de las reformas institucionales pendientes en particular. A tal efecto es preciso desagregar los problemas que tienen origen interno de los que provienen del exterior, y que por ello mismo necesitan un tratamiento diferente, incluso en términos comunicacionales.
Los escenarios internacionales están en plena transformación geopolítica, lo cual amplifica la inestabilidad económica y financiera de los principales mercados del mundo, en términos de presiones inflacionarias rebeldes combinadas con perspectivas cada vez mayores de una recesión de larga duración. Una lectura desideologizada de estos fenómenos es imprescindible para organizar un programa coherente de respuestas viables.
Horst Grebe López es economista.
