En su último cabildo, el 25 de enero, la dirigencia cívica cruceña hizo avalar un ultimátum contra el presidente Luis Arce: o instruye la aprobación, en 30 días, de una Ley de Amnistía, o a partir de mayo se optará por revocar su mandato. Por supuesto tal normativa no se aprobó. Está en curso, en tanto, la amenaza revocatoria. Parece una nueva aventura, difícil de cumplir.
La decisión de la dirigencia cruceña, que venía de la derrota del paro de 36 días por la fecha del censo y de la detención de Luis Fernando Camacho en el marco del caso Golpe de Estado I, apuntaba a exigir la liberación del gobernador y de “todos los presos políticos de Bolivia”. Tal mandato impulsado por Calvo ha sido heredado por Larach. El razonamiento es curioso. Si el Gobierno central accede a la liberación, es democrático; si no lo hace, es “un régimen dictatorial y antidemocrático”.
Más allá del cuestionamiento a cabildos no deliberativos que imponen posicionamientos maximalistas y, por tanto, inviables, lo cierto es que el ultimátum al presidente del Estado Plurinacional está planteado desde Santa Cruz. Y ha sido asumido y reafirmado también por dirigentes cívicos de otros departamentos. Así, al haberse cumplido la mitad del mandato, se abrió conforme a norma el período revocatorio para el binomio presidencial y los asambleístas electos en los comicios de octubre de 2020.
Como derecho político reconocido en la Constitución, la revocatoria de mandato es un mecanismo de la democracia directa por el cual la ciudadanía puede decidir en las urnas sobre la continuidad o no en sus funciones de un gobernante o representante electo. Se origina solamente por iniciativa popular. En el caso de autoridades nacionales, como el presidente Arce, se requiere al menos el 25% de firmas del padrón electoral. Estamos hablando de casi 1,8 millones de adhesiones. No es poco.
A la vista del fracaso de los juristas que estuvieron lejos de conseguir el millón y medio de firmas requerido para su iniciativa de reforma de la justicia, ¿los cívicos están conscientes de lo que implica esa labor en un período de solo 90 días, con firmas y huellas dactilares que, además, deben estar proporcionalmente distribuidas en los nueve departamentos del país? ¿O acaso por cumplir el “mandato del cabildo” se están embarcando en una aventura que podría derivar en una nueva derrota política?
Algunas voces de la oposición han advertido que forzar una iniciativa de revocatoria de mandato contra el presidente Arce es un error, pues podría terminar fortaleciéndolo (como ocurrió con el expresidente Morales en 2008). Desde el oficialismo dicen que están dispuestos a enfrentarlo, quizás con la certeza de que es una carrera de obstáculos. La dirigencia cívica del país, que con excepción de Santa Cruz tiene escasa convocatoria, tendrá que medir bien sus fuerzas y sus luchas para no debilitarse aún más.
