Como en tiempos de los gobiernos de la democracia pactada, Bolivia es hoy presa de movilizaciones, paros y bloqueos de todo signo que complican la gobernabilidad y causan creciente incertidumbre en la población. La diferencia es que hoy los pactos, más o menos espurios, se producen en la vereda opositora y, aunque los efectos dicen lo contrario, se realizan en nombre del “pueblo”.
El origen del malestar de los grupos corporativos, desde empresarios privados hasta trabajadores campesinos, pasando por organizaciones cívicas y del transporte (en las que, bajo la forma sindical, se confunden propietarios con asalariados), puede identificarse en la falta de dólares en el mercado, así como la escasez de combustibles, particularmente diésel, que es el empleado para el transporte de mercancías desde y hacia el país, y que no se produce en Bolivia pese al enorme costo de importarlo y distribuirlo subsidiado.
El resultado de este estado de cosas, agravado por un constante ataque opositor a las políticas gubernamentales y una ostensible incapacidad del oficialismo para hacerse cargo de todos los errores cometidos, incluyendo la parálisis de la Asamblea Legislativa y, sobre todo, la totalmente previsible especulación producida por la escasez de divisas, combustibles u otros productos de alta demanda, es un momento de creciente fragilidad gubernamental.
En el camino, organizaciones como la Confederación del Transporte Pesado Nacional e Internacional y Ramas Afines, atribuyéndose la representación del pueblo boliviano, resolvió no solo adelantar en un día el inicio de las movilizaciones de su gremio, sino también demandar la renuncia de ministros y otras autoridades, y hasta amenazar con pedir el adelanto de elecciones si no se cumplen condiciones casi imposibles en un plazo poco realista. En evidente consonancia, reaccionaron el ala evista del MAS y el Comité pro Santa Cruz, ofreciendo discursos oportunistas y confusos, como asegurar que “adelanto de elecciones” no es lo mismo que “acortamiento de mandato”.
Por su parte, de nada les ha servido a las autoridades gubernamentales buscar culpables en el pasado reciente y asegurar que se trata de movilizaciones “políticas” (como si alguna no lo fuese) o que hay un evidente contrasentido en organizar bloqueos por la falta de combustibles impidiendo el ingreso de camiones cisterna con el carburante reclamado. A estas alturas, la apuesta de los sectores movilizados ha crecido tanto que de nada sirven las engañosas explicaciones, propuestas y promesas gubernamentales.
La solución a este estado de cosas ni está a la vista ni será fácil. Seguramente pasa por hacer un sinceramiento (probablemente con efectos suicidas): del estado de la economía y la devaluación de la moneda nacional, de la imposibilidad de sostener el subsidio a los carburantes, del tamaño del contrabando, de la precariedad del empleo y de la imposibilidad de hacer frente a conflictos cuyos impulsores desean convertir en crisis.
