Ayer se ha conmemorado el Día Nacional de Lucha Contra el Racismo, ocasión propicia para reflexionar sobre este grave flagelo que, a pesar de los discursos de optimismo de las autoridades gubernamentales, no ha hecho más que incrementar, particularmente desde 2020, cuando se dio rienda suelta a una mezcla de odio político y racial, abiertamente estimulado desde varios medios de comunicación.
Que Bolivia tiene el racismo, e innumerables formas de discriminación y exclusión asociadas, como elemento constitutivo de su historia no es novedad, sino un dato inocultable desde, literalmente, el día de la creación de la República. Con el ascenso de un indígena a la presidencia en 2006 se creyó, por un lado, que la sociedad estaba preparada para superar esta tara decimonónica y que la prueba era la votación mayoritaria por el personaje.
Por el otro lado, también se pensó que las condiciones estaban dadas para imaginar y construir una nueva relación entre identidades étnicas (hay una extendida confusión entre identidad étnica y etiquetación racial, que dificulta el debate público); de ahí que Bolivia cambió su nombre de República a Estado Plurinacional (que no es lo mismo que cambiar el modo republicano de gobierno), como una forma de reconocer las identidades existentes para integrarlas en un solo proyecto de país.
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Ambas ideas resultaron descartadas por la realidad. Las clases privilegiadas (que deliberadamente confunden identidad con clase, para seguir reforzando estereotipos y estigmas) demostraron no estar dispuestas a cambiar y más bien reclamaron activamente por la pérdida de sus privilegios y el incremento de derechos de aquellas personas a quienes hasta hoy consideran subalternas.
Por su parte, muchas autoridades gubernamentales, comenzando por los viceministros de Descolonización, lejos de luchar contra el racismo utilizaron la Ley 45, de Lucha contra Toda Forma de Racismo y Discriminación, de manera instrumental, racializaron al adversario político, y se mostraron incapaces de implementar todas las medidas educativas y de transformación establecidas en la norma.
La reacción a ese estado de cosas tuvo sus más horribles manifestaciones luego del inconstitucional cambio de gobierno en noviembre de 2019, incluyendo, además de las matanzas en Senkata y Sacaba, indisimuladamente celebradas por los sectores más conservadores de la sociedad, la racialización de todas aquellas personas que comulgaban con el depuesto gobierno o con su partido político. Muchos medios de comunicación fueron parte activa de este proceso, lo cual explica su feroz oposición al proyecto de Ley 305, que endurece las sanciones por promover y difundir discursos racistas.
Hoy tenemos un país enfermo de racismo y una sociedad con muy poca voluntad de resolver el problema. Quienes están en posición de liderazgo, dentro y fuera del Estado, tienen la obligación de ponerle freno a la polarización e implementar las medidas de transformación que dispone la norma. No hacerlo es condenar al país a seguir repitiendo errores que se arrastran desde la colonia.
