Primero fue Perú, luego Ecuador y ahora ¿Quién seguirá? A diferencia de quiebres puntuales de la democracia en algún país de América Latina en las últimas décadas, esta ocasión es particular en términos históricos porque no solo hay dictaduras en Cuba, Nicaragua y Venezuela, sino, además, varios países están en vilo. Un reflejo del desencanto y deterioro acelerado de la gobernabilidad que amenaza la estabilidad política. Si bien en el caso de Ecuador se dio una salida al fin y al cabo institucional, no deja de ser muestra de su erosión por el voraz aumento de la violencia, del narcotráfico, las agudas fracturas políticas y la crisis fiscal.
Precisamente, después de la oleada más extensa de democratización en América Latina, desde las transiciones de mediados de los años 80, bastó que se cerrara el grifo en el 2013-2014 de los ingresos extraordinarios de la bonanza de las materias primas para que el malestar se apoderara de las calles. Luego vino el puntillazo de la pandemia y una recesión democrática recorre los países de la región como un fantasma.
Por si se hubiera olvidado, se nos recuerda que tenemos democracias volátiles, al filo de la navaja, que no logran sentar las bases de lo que el sociólogo estadounidense Seymour Martin Lipset llamaba las precondiciones de la modernización y el crecimiento económico. Predicadas hace más de medio siglo, las tesis de Lipset parecen cobrar vigencia en América Latina.
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Aunque la democracia en la región no ha gozado de plena mayoría de edad, sus trances de auge han estado asociados a los dos mejores momentos económicos recientes. Esto es, hacia 2006 y 2007 del presente siglo y mediados de los años 90 del siglo pasado. En eso coinciden los datos del Latinobarométro desde 1995.
He allí en consecuencia un problema profundo y no es precisamente de la democracia, que es finalmente no más que un modelo. El asunto hunde sus raíces en la incapacidad de la sociedad de gestionar sus problemas crónicos y de generar bienestar sostenible o redistribuirlo para la mayoría de su población.
La consecuencia lógica es de sobra conocida: desbordadas demandas ciudadanas, Estados débiles, con insuficientes recursos fiscales por la baja recaudación; sentimientos antiinstitucionalistas, precaria gobernabilidad y caudillos iluminados u oportunistas. En tales condiciones, predomina la improvisación, con líderes inexpertos que buscan capitalizar el descontento ciudadano vía la oferta de soluciones mágicas que alimentan un nuevo ciclo de decepción.
Fenómeno que se reproduce hasta en las coyunturas de “bonanza económica”, como la década larga que transcurrió entre 2002 y 2014. Un periodo en el que gobernó en varios países el populismo o el socialismo del siglo XXI, algunos de los cuales no eran más que socialismos reciclados, y que sugeriría preguntarse si tal bonanza fue desaprovechada para sentar las bases de economías productivas, complementarias y con mayor integración comercial y de infraestructura.
Las excepciones son realmente muy pocas. Están Uruguay, Chile, Costa Rica y Panamá, aunque apenas cubren 33 millones de habitantes, tan solo el 5% de los cerca de 660 millones de latinoamericanos. Lo de Chile llama la atención, pues parecía haberse sumergido en una espiral de inestabilidad desde octubre de 2019, después de haber sido referente democrático y social de la región durante buena parte del siglo XX. Sin embargo, decidió resolver de forma admirable profundas diferencias y puede salir muy pronto más fortalecido que nunca. Luego está el caso de México, que es realmente complejo.
De resto, en varios de los más grandes países de América Latina gobiernan líderes nostálgicos de aquellos “tesoros” súbitos de los precios extraordinarios de las materias primas o erráticos y confusos como Gustavo Petro, el presidente que arrastra a Colombia hacia la ingobernabilidad.
Pero como los tiempos económicos actuales arrojan más amenazas que certidumbres, el bache en el que ha caído la democracia arriesga prolongarse o convertirse en un retroceso, pues la fórmula democrática no es inevitable ni su supervivencia está garantizada.
(*) John Mario González es analista político e internacional
