La semana pasada tuvimos un paro cívico que intentó ser nacional, pero que se sintió con fuerza en Santa Cruz, luego esporádicamente en algunas esquinas de La Paz, otro tanto en Potosí y pare de contar.
El paro cívico del lunes pasado fue realizado en contra de la aprobación de la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, que ya se encontraba para su tratamiento en la Cámara de Senadores. Contando con la desinformación de un lado y la escasa comunicación del otro, la propuesta de norma sumó, además, el rechazo militante de varias organizaciones gremiales, sindicatos de cooperativas mineras y alguna que otra asociación de transportistas. De hecho, a último minuto, los cívicos cruceños compartieron la tarima de cierre de su paro con un dirigente gremial. La norma fue finalmente retirada por el Presidente, lo cual deja a la población esperando a ver cuál será el próximo evento de encuentro entre oposición y oficialismo.
Mi percepción personal es que, por un lado, era muy difícil realizar una protesta masiva que implique paros para la población que, en este momento tiene, sí, la emocionalidad muy polarizada entre los dos extremos —y las redes sociales son un termómetro de este fenómeno—, pero en la práctica, la gente necesita aprovechar el envión económico de la recuperación post 2020 para conseguir un empleo, volver a arrancar el negocio que estaba parado o simplemente para recuperar las ventas y los ingresos perdidos por la pandemia. Recordemos, además, que todos los diferimientos bancarios decretados durante las primeras olas de la pandemia ya fenecieron. Por lo tanto, para mucha gente es momento de retomar el pago de sus créditos y para eso se necesitan ingresos constantes y —de ser posible— estables.
Pero, por otro lado, la desinformación y la falta de una campaña de comunicación por parte del Gobierno que llegue a la gente hasta la puerta de su percepción —que hoy en día son las redes sociales— hizo casi imposible sumar adhesiones. El resultado, lo vimos el lunes.
Como sea, a pesar de la fortaleza relativa del paro a nivel regional, la economía en su conjunto no se vio afectada. Y esa es la clave, tanto del permanente clima de trifulca que tiene el país, como de la evolución actual de la economía. No se tocan, excepto tangencialmente.
Por un lado, el país puede sufrir cualquier cantidad de conflictos que sea, pero mientras éstos no afecten la actividad económica, el país no para. Por otro lado, la gente —especialmente en la ciudad de La Paz— ya está acostumbrada al conflicto. Pero, más importante, la gente de negocios — de todos los tamaños y todos los pelajes— sabe moverse en medio del permanente caos político boliviano. En cualquier lugar. Y mejor aún, saben ganar dinero en este contexto. Gestionan bien lo que se llama el “costo Bolivia”.
De modo que, a menos que nos caiga un evento tipo meteorito, nuestra economía está encaminada al 4,4% proyectado por las autoridades o al 4,7% proyectado por el FMI.
En épocas pasadas, cuando la venta de minerales bordeaba el 70% del total de las exportaciones, una convocatoria a huelga general por parte de la COB era suficiente para paralizar literalmente toda actividad económica, sin contar con las masivas movilizaciones de obreros del sector, munidos de cachorros de dinamita, que interrumpían severamente la circulación de una La Paz geográficamente y poblacionalmente más pequeña y vulnerable.
Hoy en día, la minería sindicalizada estatal mantiene su capacidad de movilización y de disrupción de los espacios urbanos en la sede de gobierno, pero pese a que el peso de la exportación de productos mineros ha subido considerablemente, la minería estatal está contribuyendo con menos del 10% del total de las exportaciones sectoriales. El efecto de las movilizaciones de los sindicalizados estatales es meramente político. Ya no detienen el país, ni interrumpen el flujo de las exportaciones sectoriales.
Este fenómeno está en línea con los dramáticos cambios en las fuerzas sociales bolivianas: de contar con un puñado de sindicatos fuertes que en su momento dirigían las fuerzas de la mayoría de la población, tenemos ahora un conjunto más grande y heterogéneo de actores políticos quienes, para lograr paralizar el país, interrumpir las exportaciones y —consecuentemente— asfixiar el aparato estatal como antaño hacían los sindicatos, necesitan de la articulación de identidades regionales y sectoriales muy diversas, con una consigna política de mínimos comunes muy potentes y liderazgos que sobrepasen lo regional/sectorial. Y eso, en un terreno de crisis generalizada.
La política boliviana no está pasando por su peor momento, pero está lejos de una crisis generalizada; la economía se recupera a su ritmo, que no necesariamente es el ritmo de las expectativas de la gente, pero se recupera. Estamos lejos de otro momento tipo 2019, pero estamos muy cerca de presenciar movilizaciones de intensidad media, de corta duración y de frecuencia más o menos intensa.
Pablo Rossell Arce es economista.
