Hace un año, contra todo pronóstico, el binomio presidencial del MAS-IPSP ganó las elecciones generales con mayoría absoluta de votos. El contundente resultado (55%, 26 puntos más que el segundo) impidió que prosperara nuevamente la narrativa del “fraude”. Luego de un oscuro régimen provisorio, se retomó así la conformación del gobierno con la legitimidad de las urnas.
Los comicios de octubre de 2020 fueron la salida pacífica y democrática a la crisis políticoinstitucional de fines de 2019, producida tras las fallidas elecciones de ese año y el posterior derrocamiento del expresidente Morales. Convocados originalmente para mayo y postergados tres veces, se realizaron en un contexto de crisis múltiple, polarización y pandemia. Una vez más, la alta participación ciudadana en una jornada electoral sin incidentes demostró la fortaleza de los votos para elegir y decidir.
Para el MAS-IPSP, la victoria de Luis Arce y David Choquehuanca (que por primera vez desde 2005 sustituyó al binomio ganador Morales/ García Linera) tiene un sentido no solo electoral, sino en especial de recuperación de la democracia. La premisa es que, en noviembre de 2019, con la autoproclamación de la senadora Áñez como presidenta, se produjo una ruptura del orden constitucional y democrático. Por supuesto la oposición asegura más bien que en 2019 cayó el régimen autoritario y prorrogativo de Evo.
Más allá de la persistente disputa de narrativas sobre la crisis de octubre y noviembre de 2019, lo cierto es que la democracia boliviana y su renovada institucionalidad electoral permitieron concurrir libremente a las urnas hace un año y decidir mediante el voto (no las botas, no el quiebre, no las masacres) la conformación de los órganos Ejecutivo y Legislativo. Claro que no faltaron grupos antidemocráticos que pretendieron desconocer la voluntad ciudadana con el pedido de “junta militar”.
Hace poco, Bolivia celebró 39 años desde que, en octubre de 1982, con el gobierno de la Unidad Democrática y Popular, transitamos a la democracia. Durante este período hubo coyunturas críticas, que derivaron en salidas políticas como el acortamiento de mandato del presidente Siles Zuazo (1985), las sucesiones constitucionales tras las renuncias de Sánchez de Lozada (2003) y Carlos Mesa (2005), y la mencionada autoproclamación, declarada inconstitucional por el TCP, de Jeanine Áñez (2019).
Un año después de los comicios generales de 2020, las y los bolivianos debemos reafirmar sin condiciones que las urnas son la fuente de legitimidad de las autoridades y representantes en todos los niveles territoriales del Estado. Esa legitimidad de origen no necesariamente garantiza la legitimidad de ejercicio. Es importante asumir que la elección democrática es una condición necesaria, pero no suficiente: también hay que gobernar democráticamente, con deliberación pública y amplia participación ciudadana.
