Brittney Poolaw, entonces de 19 años, acudió al Comanche County Memorial Hospital de Oklahoma el año pasado tras sufrir un aborto espontáneo en su casa. Tenía unas 17 semanas de gestación. Según una declaración jurada de un detective de la Policía que la entrevistó, ella reconoció ante el personal del hospital que había consumido metanfetamina y marihuana.
Un médico forense citó su consumo de drogas como una de las varias “condiciones que contribuyeron” al aborto espontáneo, pero la lista también incluía una anomalía congénita y un desprendimiento de la placenta. Poolaw fue detenida por un cargo de homicidio en primer grado y, al no poder pagar una fianza de $us 20.000, fue encarcelada durante un año y medio en espera del juicio.
El juicio se celebró este mes y duró un día. Según una televisora local, un perito que testificó por parte de la Fiscalía declaró que el consumo de metanfetamina podría no haber sido la causa directa de la muerte del feto de Poolaw. No obstante, tras deliberar durante menos de tres horas, el jurado la declaró culpable y fue condenada a cuatro años de prisión.
De la declaración jurada del detective se desprende que todo el calvario de Poolaw podría haberse evitado si hubiera tenido acceso a una atención médica reproductiva decente. Poolaw, escribió el detective, “declaró que cuando se enteró de que estaba embarazada no sabía si quería tener al bebé o no. Dijo que no estaba familiarizada con cómo o dónde tener acceso a un aborto”.
El caso de Poolaw es una injusticia, pero también una advertencia. Esto es lo que ocurre cuando la ley trata a los embriones y fetos como personas con derechos que están por encima de quienes los llevan en el vientre. Y ofrece una visión del tipo de juicios que podrían ser comunes en un mundo en el que se anule el caso Roe contra Wade; un mundo en el que podríamos vivir incluso a partir del año próximo.
Los antiabortistas suelen insistir en que no tienen intención de encarcelar a las mujeres que interrumpen su embarazo. Cuando Donald Trump era candidato presidencial y dijo que debería haber “alguna forma de castigo” para las mujeres que abortan, fue muy criticado por el movimiento antiabortista: Peggy Nance, directora de Concerned Women for America, lo llamó “la caricatura que la izquierda trata de pintar de nosotras”.
En 2013, un estudio arbitrado realizado por National Advocates for Pregnant Women, una organización de justicia reproductiva, encontró 413 casos entre 1973 y 2005 de mujeres arrestadas o privadas de su libertad de alguna otra manera porque fueron acusadas de poner en peligro a sus fetos o causarles daño. Desde entonces, el ritmo de los procesamientos ha aumentado; entre 2006 y 2020, National Advocates for Pregnant Women identificó 1.254 casos de este tipo.
En virtud del caso Roe contra Wade y el caso Planned Parenthood contra Casey, la decisión de 1992 que lo confirmó, solo un pequeño puñado de casos de mujeres procesadas por la pérdida del embarazo involucran a aquellas que tenían la intención de abortar.
No obstante, si se revoca la jurisprudencia que sentó el caso Roe, los fiscales tendrán vía libre para procesar a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo. El fin del caso Roe, dijo Lynn Paltrow, directora ejecutiva de National Advocates for Pregnant Women, “dejará en libertad a los fiscales justicieros para que apliquen el derecho penal en contra de las personas que buscan interrumpir su embarazo y lo sabemos porque ya lo hemos visto en todos los demás casos que lleva National Advocates for Pregnant Women”. Según la declaración jurada del detective en el caso de Poolaw, ella se sorprendió al enterarse de que era sujeto de investigación. Al parecer, no se dio cuenta de que Oklahoma consideraría su catástrofe como un delito. ¿Cómo podría haberlo hecho? Lo que le sucedió todavía no es normal. Pronto podría llegar a serlo.
Michelle Goldberg es columnista de The New York Times.
