Es bien sabido que de los materiales más contaminantes de la actividad humana, el plástico está entre los primeros de la lista. El acelerado desarrollo de la industria petroquímica en las últimas décadas hizo posible disponer no solo de una gran variedad de plásticos, sino también reemplazar otros materiales con el recién creado. Hoy el mundo está cubierto de plástico desechado.
Bolivia no es la excepción y, aunque no hay estudios que lo demuestren, debe estar entre los países que más desperdician plástico, particularmente el llamado “de un solo uso”, empleado en las bolsas para la compra, para envolver envases de alimentos y para los propios envases, todos ellos descartados en el basurero a veces minutos después de haber sido usados. La pandemia por el COVID-19 y la larga cuarentena con que se inauguró este nuevo tiempo sirvió para intensificar aún más el uso intensivo de este material.
Precisamente por la conciencia que existe al respecto, y por la gravedad del problema en todo el mundo, más de un año antes de la cuarentena la Unión de Periodistas Ambientales de Bolivia (UPAB) presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional un anteproyecto de ley para le regulación de bolsas plásticas de un solo uso. El documento fue aprobado por la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado, con participación de autoridades y técnicos de la Vicepresidencia, diversos ministerios y la propia Asamblea Legislativa, pero nunca llegó al pleno de esa cámara y no ha vuelto a ser tratado.
El proyecto incluye disposiciones sobre la implementación progresiva del uso de sustancias biodegradables y oxodegradables; la reducción de importaciones de bolsas que no empleen esa materia prima; y la prohibición gradual de su entrega en comercios hasta hacerlas desaparecer por completo en una década. Además se instruye a los gobiernos municipales promover la separación de residuos para facilitar su reciclaje o su disposición final.
En el Senado afirman que hay la voluntad de reponer el proyecto de ley y, dicen, el documento ha sido remitido a los ministerios de Medio Ambiente y Agua, y de Economía para que lo evalúen y hagan sugerencias, pero todavía no se conoce la respuesta. No es el único proyecto de ley detenido: hay dos en el municipio de Cercado, Tarija, uno en Santa Cruz de la Sierra y hasta uno en la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, sancionados, pero no promulgados o no reglamentados.
Considerando que, según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por su nombre en inglés), solo en Bolivia se desechan 140.000 toneladas de residuos plásticos cada año, la legislación que ponga un alto a este contaminante desperdicio es una urgencia, mucho más a la luz de los compromisos asumidos por el Estado ante la comunidad internacional en el marco de los acuerdos climáticos impulsados por la ONU. Hace falta, pues, más claridad y compromiso de las y los legisladores con los temas trascendentes.
