Puerto Príncipe, Haití, se ha convertido en la capital mundial del secuestro. Los incidentes resaltan el creciente poder y el aplomo de las bandas armadas de Haití. Mientras tanto, los problemas internos siguen aumentando. La nación todavía está sufriendo una crisis política no resuelta tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio y las consecuencias humanitarias de un terremoto en agosto. Pero hasta que el gobierno haitiano logre controlar el crimen y llevar a las pandillas ante la Justicia, el restablecimiento del orden constitucional y la recuperación humanitaria y económica del país seguirán siendo esquivos.
Es una tarea muy complicada para un Estado que apenas funciona. Y a pesar de una historia de intervenciones fallidas en Haití, los actores externos influyentes tienen un papel en todo esto. Proteger y brindar ayuda humanitaria, apoyar a las fuerzas del orden público de Haití, con inteligencia y planificación de operaciones, e invertir en comunidades marginadas para prevenir el reclutamiento de las pandillas, son áreas en las que los actores internacionales pueden hacer una diferencia.
Las Naciones Unidas comenzaron su misión de estabilización en Haití, MINUSTAH, durante las elecciones posteriores a Aristide en 2004. Los abusos cometidos por los pacificadores de la ONU contra la población haitiana, así como las consecuencias imprevistas de la MINUSTAH, están bien documentados: las tropas extranjeras cometieron reiterados actos de violencia sexual contra los residentes e incluso jugaron un papel crucial en el brote inicial de una epidemia de cólera que le costó la vida a al menos 10.000 haitianos.
Durante este tiempo, los grupos criminales capitalizaron estos escándalos para apuntalar su propia legitimidad, y alentaron a los haitianos a que vieran a las tropas de las Naciones Unidas como asesinos con motivaciones políticas. Algunos líderes de pandillas empezaron a considerarse algo así como Robin Hoods modernos, al distribuir dinero, alimentos y mercancía robada entre sus simpatizantes. Sin embargo, la gran mayoría reafirmó su control sobre el territorio a través de la violencia, las detenciones ilegales y la extorsión.
Pese a todas las deficiencias significativas de la MINUSTAH, la presencia de más de 12.000 cascos azules de la ONU en el país marcó la diferencia en materia de seguridad. Durante los 13 años de operación de la misión, Haití realizó transferencias pacíficas de poder en cuatro presidencias consecutivas, la profesionalización de la Policía Nacional de Haití (PNH, por su sigla en francés), y la reducción de un 95% en los secuestros en el transcurso de 10 años. Al concluir la MINUSTAH en 2017, la transferencia de responsabilidad de las tropas extranjeras a la PNH coincidió con una renovada inestabilidad política, lo que precipitó una crisis constitucional en 2020.
Unas 165 facciones de pandillas operan en Puerto Príncipe, el epicentro de la ola criminal de Haití. Este año, las bandas cometieron al menos 628 secuestros, un incremento de más del triple con respecto al total del año pasado. Hoy, la colusión entre los grupos armados y las élites políticas, más las carencias de la PNH, han permitido que las pandillas de Haití suplanten al Estado.
Las elecciones para reemplazar al presidente Moïse se han pospuesto de manera indefinida. Hasta que el gobierno interino encabezado por Ariel Henry pueda garantizarles a los haitianos unas elecciones justas —en las que puedan expresar su voto sin intimidaciones— Haití permanecerá en el limbo.
No existen soluciones fáciles para abordar estos problemas. Pero las organizaciones internacionales y los gobiernos de la región tienen un papel que desempeñar en la lucha para quitarles el control a las pandillas. Una presencia limitada de la policía de la ONU podría ayudar al Programa Mundial de Alimentos y a otras organizaciones de asistencia a atender áreas del país donde los criminales están impidiendo las entregas de ayuda humanitaria.
La ONU también debería mejorar su labor de asesoramiento con la PNH y ampliar su competencia para apoyar al sistema judicial. Por desgracia, lo que la ONU pueda lograr dependerá de lo que permita China, miembro permanente del Consejo de Seguridad. Dado que China ha tendido a limitar la participación de la ONU en Haití, los organismos regionales como la Organización de los Estados Americanos también deberían intentar asumir parte de la carga.
La historia reciente de Haití demuestra que el dominio de las pandillas no es inevitable. Pero ponerlas contra las cuerdas requerirá que las autoridades haitianas dejen de lado las mezquinas luchas por el poder y le den prioridad a su obligación principal: la seguridad y el bienestar de los ciudadanos haitianos.
Paul Angelo es oficial de Área Extranjera en la Reserva de la Marina de EEUU, y columnista de The New York Times.
