Un año es un tiempo más o menos razonable para evaluar una gestión de gobierno. Aunque siempre son posibles los ajustes o recambios intempestivos y profundos, podría decirse que en 365 días, transcurridas las cuatro estaciones del ciclo anual, ya se conocen las características y potencialidades de un equipo al mando del timón del Estado, ya se sabe aproximadamente qué tan coherentes, hábiles y voluntariosas son las personas con responsabilidades en sus manos y, por tanto, cómo reaccionarán ante las situaciones tan cambiantes y conflictivas que caracterizan a nuestro país.
Si se nos pidiera una calificación tentativa en modo escolar, diríamos que Arce Catacora no se aplazó, pero pasó raspando. Estuvo muy cerca de reprobar en algunas materias clave. Que también tuvo éxitos, ni duda cabe, pero ellos pudieron ser mucho mayores y se hubieran alcanzado sin dilapidar la notable legitimidad obtenida en las urnas. Las acciones desatinadas ayudaron y ayudan a que alguna gente olvide muy pronto que en las repetidas elecciones generales de 2020 el MAS consiguió el 55,11% de los votos; Comunidad Ciudadana (Mesa) el 28,83% y Creemos (Camacho) apenas un 14%.
De hecho, una tendencia decreciente ya se manifestó precozmente en las elecciones “subnacionales” de marzo-abril del presente año y nadie sacó, menos aplicó, las conclusiones autocríticas pertinentes.
¿Cuál sería entonces la principal falencia atribuible a este gobierno? Lo dijimos antes y lo reiteramos ahora: la falta de conducción política con una mirada estratégica.
¿Quién o quiénes fijan los temas de la agenda? ¿Quién o quiénes decidieron enfangar al Gobierno en el laberinto movedizo del chicaneo judicial, dizque para implantar justicia y evitar la impunidad? ¿Quién decidió que esos temas eran prioritarios, dejando de hecho en un segundo o tercer plano la salud, la economía y la educación? ¿Quiénes tienen la responsabilidad de llevar adelante iniciativas parlamentarias, a nombre del Poder Ejecutivo, sin consensuarlas con los sectores sociales que son (¿o eran?) parte del bloque oficial? ¿Por qué en vez de imponer una obligada lealtad partidaria a los empleados públicos, no se les exige eficiencia en el desempeño de sus funciones? ¿De dónde viene la tentación de usar el poder para intervenir en organizaciones sociales, e incluso dividirlas, cuando no responden a los requerimientos oficialistas? ¿Predominan las coincidencias programáticas o los apetitos prebendales al momento de construir la unidad? ¿Por qué en algunos rubros se inventa la pólvora de nuevo y se parte de cero en vez de retomar lo ya avanzado (proyecto litio, por ejemplo)? ¿Por qué algunos ministros permanecen en el gabinete, a pesar de haberse aplazado reiteradamente en el manejo de situaciones difíciles, aunque no necesariamente demasiado complicadas?
Interrogantes como las anteriores surgen a raudales al intentar evaluar el primer año de gobierno del presidente Arce. Y no nos hacemos ilusiones de que vayan a tener una pronta respuesta. Solo el tiempo lo dirá.
Entretanto no nos cansaremos de reclamar coherencia. Si algo prometieron, cumplan. No se metan autogoles ni atornillen al revés, no entreguen en bandeja argumentos y pretextos a la oposición. Si ofrecieron ampliar y profundizar la democracia haciéndola más participativa, comiencen por atender el clamor de la gente, practiquen el sabio principio de gobernar escuchando al pueblo. Si dijeron que lucharían contra la corrupción, fiscalicen pues… desde la Asamblea Legislativa, desde la Contraloría y desde todas las instancias municipales, articulen esa labor con el control social efectivo.
Esito sería.
Carlos Soria Galvarro es periodista.
