Esta semana se supo que el juicio penal contra 40 comunarios de Río Abajo había quedado extinguido. Pero, ¡tuvieron que pasar cuatro largos años para llegar a ese fin! Fiscales arrogantes y abusivos, policías torpes e ineptos, tardaron casi 1.500 días en cerciorarse de la inocencia de todos y cada uno de los acusados. Ni unos ni otros investigaron algo.
Veamos cómo ocurrieron las cosas. La Central Agraria Las Carreras agrupa a subcentrales y sindicatos campesinos del sector Río del municipio de Mecapaca. A fines de agosto de 2017 se les ocurrió a sus dirigentes que había llegado el momento de exigirle al gobernador Patzi que cumpla su promesa de ensanche de vía y asfaltado de la carretera, desde Wancarani (puente Valencia) hasta Waricana. A tal efecto convocaron a una marcha para el martes 29. La misma, muy numerosa por cierto, llegó a la ciudad de La Paz hasta la calle 16 de Obrajes. Allí, cerca del mediodía, intervino la Policía, dialogó con los dirigentes y cuando llegaba a un acuerdo para el repliegue ordenado y pacífico de la concentración, alguien arrojó una piedra. Ese alguien pudo ser un marchista irresponsable o un exasperado conductor molesto por la trancadera. A partir de ahí, en vez de apaciguar, la Policía se dedicó a reprimir con violencia y a tomar presos a cuanto marchista estuvo a su alcance. Se armó el despelote y comenzó el enfrentamiento entre gases lacrimógenos de un lado y pedradas del otro. Así las cosas, algunos proyectiles, al parecer lanzados ex profeso, provocaron destrozos en un bus PumaKatari y, como es natural, asustaron a los pasajeros.
¿Qué deberían hacer las “fuerzas del orden” en tales circunstancias? Por supuesto, proteger a personas y bienes en riesgo, dispersar a los manifestantes, pero por sobre todo identificar y aprehender a los violentos.
No hicieron nada de eso, solo se dedicaron a tomar rehenes, hasta llegar al número de 40. A ninguno de ellos se le pudo comprobar que haya cometido delito alguno. La podrida y vetusta maquinaria policial-judicial considera “delito” el mero hecho de participar en una marcha de protesta. No les importa que justos paguen por pecadores.
No hablamos sin fundamento. Tenemos el testimonio de las víctimas. Entre ellos el de Agustín Aldo Mamani, comunicador popular, respetado y apreciado por su voluntarioso trabajo bilingüe en las radios locales y sus incursiones en la producción audiovisual. Fue detenido a varias cuadras del incidente mayor, de nada valió su credencial de colaborador de Radio El Valle y su cámara de video que demostraba el trabajo que venía realizando en la marcha. Por el contrario, secuestraron y borraron la evidencia. Más de un mes después, gracias a la intervención de la Asociación de Periodistas y del entonces presidente de la Cámara de Senadores, Gringo Gonzales, se consiguió la devolución de su herramienta de trabajo, aunque con algunas piezas faltantes.
Agustín vivió el calvario que duró los cuatro años. Cinco días encerrado con el resto de sus compañeros en una estrecha celda judicial; una prolongada “detención domiciliaria” con prohibición de ir a trabajar; la obligación de presentarse a firmar un libro cada 15 días; la asistencia a numerosas audiencias, muchas de ellas suspendidas y postergadas hasta el infinito; trabajos realizados en las comunidades para reunir los fondos destinados a cubrir las reparaciones del PumaKatari, las cuotas para pagar abogados; en fin, un sinnúmero de perjuicios de nunca acabar.
La extinción del proceso penal liberó de culpas a 32 de los 40 encausados. Uno falleció por el COVID-19. Otro, al parecer, tiene problemas de salud y de los otros seis hay pocas noticias, no se sabe si murieron, si migraron a otra región o país, o simplemente se rindieron por cansancio y no se presentaron.
Nos dicen que la obra caminera demandada avanzó en aproximadamente un 50%. Tal cual.
Carlos Soria Galvarro es periodista.
