La desconfianza en la Justicia se ha extendido a tal extremo que las percepciones de la opinión pública sobre ciertos casos judiciales dependen de la posición política de las personas involucradas y de los que opinan sobre la misma. Todo se vuelve relativo, según el cristal con que se mire. En esa ruta insana, las instituciones y la democracia se van deshilachando poco a poco.
Las recientes novedades en uno de los varios casos judiciales que afectan a Manfred Reyes Villa, actual alcalde de Cochabamba, están generando polémica y se han vuelto un motivo para exacerbar la polarización política. Para los oficialistas, esa autoridad sería culpable de graves delitos y debería ser destituida de sus funciones; mientras que, para el involucrado y muchos opositores, todo sería una tramoya para precipitar su salida del cargo y desacatar la voluntad ciudadana expresada en las urnas.
Esas reacciones son casi automáticas. Simplificando, como el señor es un funcionario de signo contrario al Gobierno, necesariamente debe ser culpable para los masistas y obviamente inocente para los opositores. Pocos se preocupan del fondo de los casos ni reflexionan sobre los argumentos que sustentan las decisiones judiciales. Es una muestra más del empobrecimiento intelectual y moral que nos genera la polarización en su versión más simplona.
Similar fenómeno se ha producido en otras situaciones de gravedad, como las relacionadas con las responsabilidades de la expresidenta Áñez y de varios de sus ministros en las vulneraciones de derechos humanos, ya ampliamente conocidas y demostradas, que dañaron dramáticamente a decenas de familias bolivianas.
Esta decadencia tiene que ver con los enormes problemas del sistema judicial, que en muchos episodios sigue mostrando su falta de ecuanimidad, su deseo de complacer al poderoso de turno y su tendencia a interpretar las leyes siempre desde su lado más punitivo y poco escrupuloso con los derechos humanos de los ciudadanos. Los mismos jueces y fiscales que cometieron abusos en el anterior gobierno con aquellos que percibían que no tenían poder o influencia en esa coyuntura, tienden ahora a actuar de similar forma. Eso sin importar si esas personas son auténticamente culpables o inocentes.
Sin embargo, sería muy fácil solo apuntar a las falencias del Poder Judicial. Los funcionarios, políticos, periodistas e incluso muchos de los ciudadanos de a pie contribuyen activa o pasivamente a esta debacle. Lo hacen utilizando a la Justicia para dañar al adversario sin importar el costo, aunque antes ellos también sufrieron esos excesos, proclamando culpabilidades o inocencias anticipadamente cuando no es su tarea sino de las instituciones especializadas, opinando o titulando las noticias según de quien se trate o simplemente sembrando dudas y sospechas sobre cualquier decisión judicial desde el prejuicio y la animadversión al que piensa diferente a uno mismo.
