La buena noticia consiste en que el Censo de Población y Vivienda ya cuenta con el decreto supremo que fija noviembre del próximo año para su realización. La noticia no tan buena es que han empezado prematuramente las especulaciones sobre las dimensiones que podrían tomar los cambios que beneficiarían a algunos departamentos en materia de recursos fiscales y representación política en la Asamblea Legislativa, tomando como base los incrementos demográficos ocurridos desde el anterior censo, lo que implica por supuesto que habría otros departamentos que, por haber disminuido la proporción relativa de su población en el total nacional, se verían afectados negativamente en ambos aspectos.
Por principio de cuentas, las autoridades nacionales han señalado que los resultados del Censo 2022 se conocerán probablemente en octubre de 2023. Es un lapso muy largo para que los espíritus empiecen a agitarse desde ahora. Para evitar la probable inflamación de los ánimos, algunas organizaciones de la sociedad civil independiente han planteado que la convocatoria del censo se haga mediante una ley que defina los diferentes parámetros de cada una de las etapas, y que podría establecer además una comisión nacional que asesore en varias materias que las experiencias de censos anteriores han demostrado que pueden generar controversias entre regiones y grupos poblacionales.
En anteriores oportunidades ya se argumentó correctamente que una mayor o menor representación parlamentaria no tiene mayor influencia sobre las condiciones de pobreza, desempleo, falta de infraestructura y otros problemas que aquejan comparativamente más a unos departamentos que a otros. Las soluciones necesarias derivan en tales casos de una adecuada planificación de mediano y largo plazo y sus correspondientes políticas públicas.
En lo que atañe al reparto de los recursos tributarios, el problema tiene que encararse de otra manera, a fin de que no se provoquen conflictos regionales mayores. Sería deseable por cierto que ningún departamento reciba un monto absoluto menor en 2024 de lo que recibió en los años anteriores, lo que sería fácil de lograr si el monto nacional recaudado está en expansión. Si este no fuera el caso, habría que aplicar las prescripciones del pacto fiscal que está pendiente desde hace varios años, aclarando que dicho pacto no se refiere únicamente a las proporciones que reciben los distintos departamentos de los ingresos fiscales coparticipables, sino también a la redefinición de los estímulos para aumentar la recaudación propia de las entidades departamentales y municipales, entre otras cosas.
Es a todas luces evidente que tales temas forman parte del conjunto de acuerdos y pactos nacionales que son imprescindibles para encarar las nuevas circunstancias que afligen al país debido a la pandemia del COVID- 19 y la desaceleración económica que viene desde más atrás. El Censo 2022 tiene que proporcionar, antes que nada, las cifras más confiables sobre las condiciones de vida, empleo y vivienda en que se encuentran los bolivianos en todo el territorio nacional, así como las dimensiones que tiene la emigración de bolivianos al exterior.
La pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto las graves carencias y asimetrías que afectan de manera desigual a los distintos grupos poblacionales en materia de salud, educación, empleo y vivienda. Por eso mismo, es preciso comenzar a deliberar de inmediato sobre los nuevos parámetros, indicadores y coeficientes que deben adoptarse para la planificación urbana de viviendas, escuelas, instalaciones sanitarias y edificios públicos, que satisfagan los requisitos sanitarios del distanciamiento de las personas y la ventilación frecuente de los mencionados establecimientos.
El censo corroborará en su caso la eficacia de los lineamientos adoptados.
Horst Grebe es economista.
