Recuerdo las palabras de un analista que comentaba los resultados preliminares la noche de las elecciones del 20 de octubre de 2019: “Bolivia es un país urbano”. Confiaba, seguramente, que con esas palabras reforzaría la convicción de amplios sectores de las clases medias entonces descontentas con el MAS, de que la impronta nacional popular de Bolivia comenzaba a superarse, reduciendo particularmente la influencia de las áreas rurales sobre el destino del país. A unos meses de consumado el golpe, adicionalmente, algunos analistas comenzarían a cuestionar, sin respaldo alguno, “la desproporcionada representación electoral del área rural”. La intención no declarada de estas personas era restituir un modelo de representación política particularmente excluyente con indígenas y campesinos que añoraban nostálgicamente desde el primer día en que Evo Morales asumió la presidencia de Bolivia.
Pero la realidad es terca, y aún sin la participación del dirigente cocalero, el MAS-IPSP se impuso en las elecciones de octubre del año siguiente, con árbitro elegido por las propias clases medias y acomodadas después de que un grupo de empresarios y políticos fracasados eligieran a Jeanine Áñez como presidenta de Bolivia. La victoria del partido esencialmente campesino demostró que las áreas rurales todavía son determinantes dentro de las reglas impuestas por un régimen político democrático liberal. Excluir a dicho sector de la población de toda forma de participación política era la única forma a través de la cual podrían imponer clases medias y empresarios su proyecto de país, quienes en un solo año desfalcaron las arcas del Estado con desesperación propia de un drogadicto bajo los efectos de la abstinencia. Llevaban tanto tiempo sin tocar los privilegios del Estado… ¡pero tendrán que esperar todavía más!
Así, aun cuando insistan en presentarse como demócratas convencidos, en realidad su comportamiento revela que las clases acomodadas en Bolivia, y las clases medias que las siguen, son portadoras de un espíritu esencialmente antidemocrático, quizá por su carácter minoritario, pero sobre todo por su desprecio a las mayorías, a lo que llaman “populismo”. ¡Ay, la plebe! La indiferencia, en el mejor de los casos, y satisfacción, en el peor, frente a las masacres de Senkata y Sacaba, y la sistemática violación de los derechos humanos de indígenas y campesinos, a quienes se estigmatizó como “vándalos” y “terroristas” después del Estado de excepción impuesto a partir del 12 de noviembre de 2019, los desenmascaran: falsos liberales; elitistas frustrados y ensimismados en Achumani, Sopocachi y Equipetrol, a cuyos márgenes les gustaría reducir al resto del país.
Ahora, una nueva investigación demuestra que no hubo tal “fraude monumental”, sino un manejo negligente del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que, por favor recuerden, ¡no tenía validez legal alguna! Mucho antes, otro trabajo a partir de datos recolectados por el New York Times (no castrocomunista), y elaborado por académicos de renombradas universidades, titulado Do shifts in late-counted votes signal fraud? Evidence from Bolivia (que puede traducirse a ¿Señalan fraude los cambios de votos contados tarde? Evidencia de Bolivia), demuestra que dos variables, región y ruralidad, fueron determinantes para explicar el aumento de votos a favor de Morales al finalizar el conteo de la votación en octubre de 2019. En otras palabras, los votos del campo llegan tarde, ¡y cuentan pues! ¿Qué fraude?
Las élites bolivianas, y sus clases a medias, harían bien en admitir, como lo hizo Sócrates, que no les gusta la democracia, que no confían en el criterio de las mayorías, pero aun así tendrían que someterse: ¡Mayoría manda!
¡No desesperen! Todavía pueden arrodillarse en las puertas de los cuarteles, fundar su propio país o simplemente migrar. Siempre hay opciones en la vida… Salvo ganar una elección, no creo que puedan. ¡Suerte!
Carlos Moldiz Castillo es politólogo.
