En Bolivia, se habla poco sobre la situación de las Fuerzas Armadas en los últimos años, siendo que los altos mandos militares tienen un rol protagónico en los eventos de noviembre de 2019. Como está muy claro que hoy la polarización política no ha sido superada (y, de hecho, promete desenlaces violentos a mediano plazo), resta indagar quién controla y quién debería controlar a las Fuerzas Armadas.
El artículo 246 de la Constitución dice que obedecen al Presidente del Estado y que en lo administrativo, dependen del Ministro de Defensa. Esto no siempre fue así, la relación entre Fuerzas Armadas y poder político es susceptible a tergiversaciones. La historia política del país deja ver en tres momentos que la institucionalización de las FFAA es caótica y favorece diferencias en la institución: primero, hasta 1900, a pesar del Reglamento Orgánico del Ejército de 1827, el Código Militar de 1846 y los códigos militares aprobados en 1904, los militares actuaban como intermediarios entre los políticos que se disputaban el poder, ofreciendo servicios de seguridad como en el caso de la Guerra Federal (1898-1899), en el que tomaron bando por los liberales, pero también el hecho que, según James Dunkerley en Orígenes del Poder Militar. Bolivia 1879-1935, varios recibían rentas por actuaciones en contiendas bélicas — sin pertenecer formalmente al Ejército— pero también se resistían a la prohibición de reclutar a indígenas y a trabajadores en las minas bolivianas; segundo, a partir de la Guerra del Chaco (1933-1935), con un ejército relativamente institucionalizado, las Fuerzas Armadas se caracterizaron por una participación importante en política, sea por gobiernos de transición (Blanco, Quintanilla, Padilla y Vildoso) o por golpes de Estado (Barrientos y Ovando hasta García Meza), acompañados de una doctrina nacionalista y como hito, los códigos militares promulgados en el gobierno de Banzer en 1976; tercero, la participación política de los militares vuelve a tomar protagonismo a través de la cooptación en el gobierno de Morales, sea porque la institución castrense no cambia en su organización que es altamente elitista (existen dos escuelas de sargentos, con sospechas de segregación en base a criterios somáticos y raciales) o bien, por la creación de la Escuela Antiimperialista de las Fuerzas Armadas, que es igual a evitar la neutralidad política de la institución, o el uso de las FFAA con fines políticos en el gobierno de Áñez en contra de la población identificada como antagónica. En resumidas cuentas, estos momentos muestran la disponibilidad a que las élites de las FFAA negocien intereses con el poder político.
Si el poder político debería controlar a las Fuerzas Armadas, esto se complica si el control y fiscalización al poder político recae en la Asamblea Legislativa, donde el partido político del Presidente y del Ministro de Defensa es mayoritario. De aquí se pueden extraer dos conclusiones: que el sometimiento de las Fuerzas Armadas al poder político no es efectivo, dado que los controles no existen o son susceptibles a negociación y, que si las élites castrenses negocian intereses con el Estado en las primeras épocas de la República, el actual esquema favorece a que las sigan negociando, lo que es igual a que las desigualdades al interior se mantengan y que las Fuerzas Armadas se conviertan en un actor político más.
A pesar de El Soldado y el Estado (1985) de Samuel Huntington, en el que el autor confía en el sometimiento de las Fuerzas Armadas al Poder Ejecutivo, controlado por el Poder Legislativo, el artículo 243 de la Constitución favorece a que los altos mandos militares estén sometidos a los intereses políticos del momento. Pero urge buscar salidas a esta falla de origen: esta relación entre FFAA y poder político carece de control social, pero es necesario también hablar sobre aquello que se debería controlar. Para empezar, los controles sociales (o bien, de la sociedad organizada) deberían enfocarse en los ascensos de los altos mandos, algo que depende del Órgano Legislativo, pero también atender al hecho que históricamente los Códigos Militares han sido redactados por militares y el actual Código Militar, de 1976, responde a un esquema autoritario. Esto se ilustra mejor cuando se habla de los tribunales de Justicia Militar, conformados por altos mandos militares que juegan a ser “juez y parte” en procesos contra subalternos. Además, está el hecho que muchos subalternos no tienen beneficios sociales (en cambio, los altos mandos sí, además de la posibilidad de ascender) y que esto es algo que no ha sido modificado en los últimos años, a pesar de los pedidos de “descolonización” en 2014.
En conclusión, la carencia de controles civiles a las FFAA facilita su cooptación y su desinstitucionalización.
Wim Kamerbeek Romero es politólogo.
