El periodista Adair Pinto vivió los peores momentos de su vida por el acoso sistemático de integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC). Ayer, Roger Revuelta, miembro de este grupo, fue sentenciado a 12 años por intentar matarlo en 2020.
El calvario de Pinto comenzó el 12 de noviembre de 2019, cuando en plena crisis política, el medio de comunicación cochabambino donde entonces trabajaba, Potencia Dinámica, le encargó hacer cobertura en La Paz.
En un contacto con La Razón, Adair recuerda que en su camino a la Asamblea Legislativa fue interceptado por un capitán de la Policía. “Directamente me acusó de ser un ‘periodista vendido’, me dijo que tenía que abandonar el país y se me acusaba de ser un periodista extranjero”.
Dice que cuando intentó defenderse de las agresiones sin sentido, fue rodeado por más efectivos policiales. “Me quitan el celular, me golpean, me vendan los ojos y me suben a la parte posterior de una camioneta; este hecho ocurrió a plena luz del día”.
Después de un tiempo de recorrido, Adair fue obligado a arrodillarse sobre piedras diminutas. “Me golpean, me gasifican, me insultan y afirman que soy un terrorista que vino a sembrar la resistencia armada ante la recuperación de la democracia”, cuenta.
A su alrededor, aún con los ojos vendados, Pinto reconoció acentos argentinos, colombianos y chilenos entre sus agresores, quienes entre insultos y escupitajos continuaron amedrentándolo hasta que alguien llegó a ayudarlo.
Esta persona, cuya identidad no puede ser revelada, explicó a sus agresores que no se trataba de un terrorista, sino de un periodista, y los convenció de dejarlo ir con la condición de “que no mire atrás” y abandone el país.
Ya sin vendas en los ojos, Pinto se vio en la puerta de ingreso del gran cuartel de Miraflores. Atemorizado, y aún en shock, decidió viajar a Argentina, país de origen de su padre. Al tener la doble nacionalidad, su ingreso y permanencia serían más sencillos.
“Esta persona me dijo que me vaya del país porque la situación iba a empeorar y que iba a asumir un nuevo gobierno”. En el país vecino, Adair estaba solo, sin trabajo y con el alma rota.
“Mi familia estaba sola, no me despedí de mi hijo ni de mi esposa, ni de ningún familiar”, narra.
REGRESO. En diciembre, Pinto retornó a Bolivia de forma clandestina, por el paso La Quiaca-Villazón, para retomar su rol parental y familiar y su carrera.
Dentro de las investigaciones que desarrolla, una le llamó la atención y le despertó indignación. “Obtuve los antecedentes de los líderes de la RJC; todos tenían prontuario delincuencial, fueron expulsados por el FBI (Oficina de Investigación Federal, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos por estar vinculados al tráfico de armas y drogas con la Mara Salvatrucha de El Salvador”.
La denuncia periodística que hizo, con pruebas en mano, casi le cuesta la vida. “Decidí sacar porque la ciudadanía los tenía como héroes a quienes, en realidad, eran delincuentes”.
La noche del 1 de febrero, el taxi en el que se trasladaba hasta su casa, en la zona norte de Cochabamba, fue interceptado por tres personas. Se trataba de los hermanos Revuelta: Roger, Harold y Cristian. Luego de propinarle golpes e insultos, Roger sacó el arma blanca con el que heriría tres veces a su víctima, con furia.
AUXILIO. La gente que estaba en el lugar trató de ayudar al ensangrentado comunicador. Aunque dos patrullas policiales pasaron por el lugar, ninguna de ellas le otorgó auxilio inmediato.
Después de las suturas y el trauma, Pinto emprendió un camino del que no regresaría: la búsqueda de justicia.
El recorrido fue largo y tortuoso, pues, aunque su agresor fue detenido preventivamente en la cárcel de San Sebastián durante cuatro meses, los miembros de la RJC no descansaron en sus amenazas sistemáticas.
“Venían a mi domicilio con sus motocicletas a tratar de intimidarnos y que retiremos la denuncia. Tenemos videos que hemos presentado en el juicio; a la cabeza de Yassir Molina, recibíamos llamadas de amenazas de muerte, al punto que tuve que dejar mi casa para ir a vivir con mis padres para cuidarnos, nos turnábamos para vigilar la casa desde la terraza porque iban en cualquier momento”, cuenta.
La presión fue tal que Pinto acudió a la Defensoría del Pueblo, que lo contactó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Estas dos instituciones lo ayudan a salir del país en marzo de 2020 hacia Argentina. Debido a las restricciones por la pandemia, Pinto logró ingresar por su nacionalidad; después de una campaña diplomática larga, logró reunirse con su familia.
“Imagina cómo me sentía estando solo allá y mi familia acá sabiendo todo lo que habían hecho (los del RJC). Ni bien salí de Bolivia empezó a bajar el grado de amenazas. Su objetivo era que abandone el país para que no siga el proceso judicial”, se lamenta.
