En los últimos dos años, al menos cuatro personas de tres casos de prisión mediáticos fueron declaradas inocentes por falta de pruebas en su contra o por fallas en el sistema judicial.
Los casos bebé Alexander y bebé Álex fueron una muestra de “grandes” vacíos jurídicos que existen en el país. Estos casos dieron un giro de 180 grados y sumaron a más víctimas que acusados.
Pese a que el artículo 95 del Código Penal de Bolivia establece que “toda persona que después de haber sido sometida a juicio criminal fuere declarada inocente, tendrá derecho a la indemnización de todos los daños y perjuicios que hubiere sufrido con motivo de dicho juicio”, hasta la fecha, ninguna de estas personas recibió ningún tipo de resarcimiento de daños y perjuicios por el tiempo de encarcelamiento injusto, esto se debe a que en el país no se aplican las norma en la que beneficia a las víctimas.
La defensa de los casos bebé Álex y Daylin, el abogado Manolo Rojas, explicó a LA RAZÓN que en el anterior procedimiento penal hubo “una caja de indemnizaciones por parte de la Fiscalía”; sin embargo, ésta quedó abrogada por el nuevo Código Penal. “A la fecha no hay esa garantía de seguridad jurídica de que una persona se someta a una investigación y resulta que es inocente; no hay una forma de que el Estado te retribuya económicamente”.
CIDH.
El jurista interpuso una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado, para una indemnización de Bs 3 millones para D. Palavecino y R. Chura, ambos del caso bebé Álex.
El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, señaló a este medio que, en la reparación de daños, “el Estado tiene que trabajar para todos y no solo para unos cuantos”.
“Tenemos políticas y normas en el nuevo Código de Procesamiento Penal que obligan a reparar integralmente el daño, no solamente la reparación económica, de los gastos procesales, sino la reparación integral que significa varios elementos”, aseguró.
Afirmó que desde su despacho se trabajó en una política, recientemente aprobada, denominada Reparación Integral de Graves Violaciones de Derechos Humanos, en la que se implementó “componentes relativos a la reparación de alguien que ha sido víctima de la injusticia”.
En 2014, el caso de una supuesta violación a un bebé de ocho meses —Alexander— en un centro de acogida de La Paz alarmó a la población boliviana. Por este hecho el médico Jhiery Fernández, de turno entonces en el centro, fue acusado del crimen.
Luego de no hallarse pruebas en su contra y de que se desatara el escándalo por la difusión de un audio en el que se escucha a la exjueza del Tribunal Décimo de Sentencia Patricia Pacajes revelar que el profesional era inocente, Fernández fue absuelto en mayo de 2021, después de siete años de haberse iniciado el caso.
En agosto de 2022, un bebé de 10 meses de nombre Álex fue raptado por una mujer que se ganó la confianza de su madre. El niño fue hallado abandonado en Miraflores, de la ciudad de La Paz. Sin embargo, durante las investigaciones fueron aprehendidas dos personas involucradas en el caso, se trata de D. P., de 22 años, a quien confundieron con la raptora, y R. Ch., el chofer de transporte público que transportó a la mujer que presuntamente raptó al bebé.
El 4 de noviembre de 2022, D. P., estudiante de Enfermería entonces, recobró la libertad luego de estar tres meses en prisión en el penal de Obrajes, en La Paz, bajo detención preventiva por el caso del rapto del bebé Álex. Ella también había sido involucrada en el caso del rapto de Daylin.
Un mes después —diciembre de 2022— el taxista R. Ch. fue absuelto luego de estar privado de libertad por cuatro meses y dos días. La jueza de turno consideró que las pruebas de la Fiscalía no eran suficientes para que continúe con detención preventiva en el penal de San Pedro. Actualmente, pese a que se determinó que ambas personas no participaron de los hechos delictivos, continúa la investigación del caso.
En el caso del galeno Fernández, él cursó una condena preventiva de casi cuatro años, pese a que la Ley 1173, de Abreviación Procesal Penal, establece que la detención preventiva será limitada por seis meses para que el Ministerio Público realice procedimientos investigativos.
Rojas denunció que en todos los casos la presunción de inocencia es el primer derecho vulnerado. La CIDH manifiesta que “toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”.
En esa línea, lamentó que autoridades vulneren las normas; puso como ejemplo el accionar del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, al presentar a presuntos autores como “grandes culpables” y que luego resultan siendo inocentes, como el caso del médico, la joven D. P. o R. Ch.
Otro ejemplo. En septiembre de 2020 el rapto de la bebé Samantha movilizó a todo el contingente policial, incluso puso en aprietos al entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, por acusar equivocadamente a una mujer de raptora.
Murillo publicó en su cuenta de Twitter la imagen de N. P. que inmediatamente se hizo viral en las redes sociales. Más tarde la mujer fue aprehendida. Luego del avance de las investigaciones, la madre de seis niños fue liberada, después de confirmarse que ella no era la mujer de la fotografía. Ante ello Murillo, a través de las redes sociales del Ministerio de Gobierno, pidió disculpa por el error. En abril de 2022, el exministro fue notificado (en Estados Unidos) por edicto para el inicio de juicio oral que le instauró L. P, por calumnias, difamación e infamia.
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Otro derecho vulnerado, según los entrevistados, es el trato a los detenidos en el interior de las cárceles, ya sea de varones o mujeres; afirman que “los derechos dejan de existir”. En primer lugar, son derivados a un cuarto de dos por dos sin acceso a las necesidades principales como el aseo personal, luego de un tiempo son trasladados a la llamada población, que es donde se encuentran todos los reclusos. Dos de los entrevistados manifestaron haber tenido temor por sus vidas ya que fueron derivados con personas de altos prontuarios delictivos.
La falta de comunicación para avisar a sus familiares de las audiencias es otra deficiencia. Para aclarar aquello, LA RAZÓN no tuvo éxito al comunicarse con el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.
Además de estos tres casos, hay otros como el de Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo de Desarrollo Indígena y Campesino (Fondioc), quien falleció en abril de 2022 por un paro cardiorrespiratorio. Siendo el principal denunciante del desfalco millonario a esta institución, que superó los $us 100 millones en casi más de 1.000 proyectos, vivió atormentado por 256 procesos.
El 21 de marzo de este año, la exdirectora del Fondioc Elvira Parra fue beneficiada con detención domiciliaria para que se defienda en libertad luego de ocho años de prisión. El ministro de Justicia, Iván Lima, en conferencia de prensa sostuvo que Parra no cometió ningún delito.
Al menos tres procesos enfrenta la exjueza Pacajes
El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, informó que la exjueza Patricia Pacajes enfrenta al menos dos procesos: reparación integral de Fernández y prevaricato.
La autoridad explicó que la sentencia absolutoria que salió a su favor comprende al proceso de incumplimiento de deberes que se impuso luego de llevarse a cabo una auditoría jurídica al expediente del caso.
“A juicio del juez no se han podido probar ese incumplimiento de deberes; por incumplimiento de plazos procesales, algunas resoluciones que no habían sido dictadas en su tiempo, decretos no emitidos o audiencias suspendidas”, señaló Siles.
Auguró que el caso principal que es la develación de los audios y sentencia en contra el médico aún se encuentra en recurso de casación y ejecutoriado.
El proceso de prevaricato se originó luego de que se absolviera a Fernández, indicó el viceministro.
Aseguró que de este último también deberá rendir cuentas la exjueza Pacajes.
