Recuerdo siempre que Ana María Romero de Campero (1941-2010), que llevaba el apellido de su esposo porque le daba la gana, no por vieja usanza social, me llamaba “enfant terrible” en aquellos tiempos en los que dirigía el diario católico Presencia (1989) y yo era feliz escribiendo crítica de cine y televisión. Me distinguió con semejante sobrenombre que recuerdo con orgullo. La principal enseñanza que recogí de ella está resumida en la frase “es mucho más difícil describir que opinar”, lección de periodismo que tengo presente a diario.
Ana María fue ministra de Informaciones del breve gobierno de Wálter Guevara Arze, depuesto por el golpe de Estado encabezado por el Cnl. Alberto Natusch Busch que derivó en la Masacre de Todos Santos (1979). Antes había sido corresponsal de la agencia alemana de noticias (DPA) y más tarde, entre 1998 y 2004, primera Defensora del Pueblo de la República, encarando una gestión hasta ahora no superada por quienes la sucedieron.
Si Ana María, que en 2009 por algún profundo motivo decidió ser senadora por el Movimiento Al Socialismo (MAS), siguiera entre nosotros, habría sido una pieza fundamental en la dilucidación de la crisis de octubre-noviembre de 2019 que derivó en violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el gobierno de Áñez-Murillo-Ortiz. Basta recordar el rol decisivo que jugó en octubre de 2003 cuando el enajenado Carlos Sánchez Berzaín quería convencer al presidente Sánchez de Lozada que con 200 muertos se arreglaba el asunto y se podía continuar gobernando desde Santa Cruz de la Sierra, en tiempos en que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) luchaba por los más débiles y vulnerables en sus derechos ciudadanos, entre ellos el de la libertad de pensamiento político.
UNIR es la fundación que dirigió Ana María imbuida de esa misión humana que se traduce en la construcción de una cultura de paz. Estaba convencida, honrando el nombre de la organización que condujo con sabiduría, que todos los caminos debían llevarnos siempre a las mesas de negociaciones para encontrar consensos mínimos, de perfeccionamiento de la democracia para una convivencia auténticamente pacífica, pero en primer lugar participativa y sin exclusiones.
Flora Guzmán, licenciada en Enfermería del hospital Alfonso Gumucio Reyes de Montero, fue perseguida y golpeada por militantes de la Unión Juvenil Cuceñista en noviembre de 2019. En el testimonio que ofreció hace un par de semanas, Guzmán narró que efectivos policiales habían matado a un joven, que hubo represión con móviles racistas y que fue encarcelada porque “los masistas somos una sarna para la derecha”. Esta profesional de la salud vivía tranquila y estable, percibiendo un buen salario hasta que producto del golpe de Estado se quedó sin trabajo. “Ahora voy casa por casa como una mendiga buscando pacientes a medir glicemia, tengo a mis hijos destrozados”, nos dijo. Ella, como otras 20 personas, relataron sus experiencias cargadas de persecución, encarcelamientos indebidos y torturas en Yapacaní, Santa Fe y San Carlos del departamento de Santa Cruz. Como si no fuera suficiente, les robaron el poco dinero que tenían y quedaban obligados a pagarles a los vigilantes hasta el ingreso de bolsas de pan. Así de extrema e indignante se manifestó la miseria humana de persecutores y carceleros. Dice Jeanine Áñez que se siente perseguida política. Parece que su amigo Arturo y su aliado inicial Luis Fernando Camacho, no le contaron ni la enésima parte de lo que su transitorio gobierno de facto hizo con gente tan humilde y desprotegida a través de unos desalmados operadores civiles y policiales.
Luego de soportar semejante paliza emocional el viernes 18 de julio, volví a recordar que Ana María se preocupaba por la ciudadanía, pero fundamentalmente se ocupaba de atender las injusticias y los atropellos haciendo que la Defensoría demandara al Estado por atentar contra los derechos de ciudadanos comunes. De haber estado aquí, ella misma hubiera generado las acciones indispensables para que esta gente maltratada, vejada, obtuviera el sobreseimiento necesario para comenzar a reconstruir la vida.
Nos falta Ana María Romero de Campero para recuperar la prioridad que significa la defensa intransigente e innegociable de los derechos humanos. A la Defensoría actual parecen no alcanzarle las manos para atender todos los casos, y la Asamblea de Derechos Humanos está a cargo de una religiosa que se llama Desamparo de apellido Carvajal que en algún momento decidió desconectarse del pueblo humilde, lo mismo que el oprobioso Comité Nacional de la Democracia (Conade), políticamente utilizado por los exdefensores del Pueblo Waldo Albarracín y Rolando Villena (+). Las dos instituciones dejaron de defender los valores democráticos de la sociedad, para convertirse en artefactos políticos opositores al MAS.
Extrañé a Ana María el día que escuché tan desgarradores testimonios y a las que no les alcanza con el consuelo. Voy a seguir extrañándola “por su esperanza interminable”, como escribió alguna vez la inmensa María Elena Walsh.
Julio Peñaloza Bretel es periodista.
