La cuestión de la tierra está generando nuevamente conflictos políticos, particularmente en el departamento de Santa Cruz. Sería un error enfrentar estos problemas sin considerar los importantes cambios en la estructura de la tenencia y la seguridad jurídica de la tierra que ya se han producido en el país en los últimos años. Hay un nuevo escenario al cual se debe responder con ideas renovadas.
A veces hay conflictos recurrentes que dan la impresión de que nada habría cambiado en el país. Los conflictos por la tierra podrían caer en esa categoría. En las últimas semanas, se ha desatado una aguda controversia entre el oficialismo y las fuerzas que apoyan al gobernador de Santa Cruz en torno a esa cuestión. Se habla de avasallamientos o de ausencia de seguridad jurídica, por un lado, mientras en el otro se llama a una férrea defensa de la política de redistribución de la tierra. Discursos que se parecen a los que se escuchaban allá por 2000 o en los años del conflicto autonómico de 2007-2008.
Sin embargo, este zafarrancho se produce en un contexto profundamente transformado por más de 10 años de aplicación de una política de saneamiento de tierras que ha logrado avances innegables: en 2008 faltaba sanear casi el 70% de la tierra en Santa Cruz, hoy en día solo falta titular el 10% en esa región. A nivel nacional, la superficie saneada y titulada sería del 87%.
Por otra parte, los datos contradicen la idea de que ese proceso habría sido injusto: el 28% de las tierras fueron atribuidas a campesinos e interculturales, el 27% a comunidades indígenas, el 15% a empresarios medianos y el 30% serían tierras fiscales. No únicamente se ha beneficiado a sectores tradicionalmente olvidados por el Estado, sino que también se ha dado seguridad jurídica al sector agroempresarial que obtuvo títulos por cerca de 13,6 millones de hectáreas. Es decir, las razones objetivas de los conflictos en ese sector se han reducido gracias a una acción institucional y pacífica que ha favorecido, dentro de lo que cabe, a todos los sectores.
Por supuesto, eso no quiere decir que no hay problemas. El porcentaje de tierra que falta sanear es posiblemente la que presenta mayores conflictos. Pero, dado su reducido número y su focalización en ciertas zonas, la respuesta parece tener que ver más con reforzar la capacidad institucional del INRA y de las instituciones locales para resolver las controversias caso por caso, en terreno, que con grandes gesticulaciones y discursos políticos.
Los verdaderos desafíos de largo plazo en este ámbito están por otro lado: en mecanismos para garantizar un uso sostenible de esas tierras por productores y comunidades, en el establecimiento de modernos sistemas de catastro o en la ineludible tarea de repensar a partir de esa nueva realidad el ordenamiento territorial de grandes zonas del país.
