El Órgano Legislativo tiene en agenda más de una veintena de trámites de juicios de responsabilidades contra diferentes exautoridades. Algunos se remontan al periodo 1999-2000. Entre los más recientes están tres procesos, por diferentes motivos, contra Jeanine Áñez, expresidenta del régimen provisorio. Son decisivos los dos tercios requeridos para viabilizar estos juicios.
Más allá de cómo avancen los trámites de juicios de responsabilidades engavetados desde hace más de dos décadas tanto en el ex Congreso Nacional como en la actual Asamblea Legislativa Plurinacional, sin duda los procesos de mayor atención y relevancia tienen como protagonista a la señora Áñez y el régimen que presidió tras el derrocamiento del expresidente Morales. Son juicios complicados debido a que todavía están marcados por la disputa política en torno a diferentes relatos sobre la crisis de 2019.
De las diferentes proposiciones acusatorias contra la expresidenta, hoy en prisión preventiva, tres casos ya fueron remitidos al Órgano Legislativo para su consideración. Se trata de las denuncias por el crédito de $us 327 millones del FMI aprobado por el gobierno provisorio sin el aval de la Asamblea, la ampliación del contrato con Fundempresa y la vulneración de derechos de libertad de expresión. Los tres tienen que ver con decisiones de gestión y no con la polarización “fraude” versus “golpe”.
Según la normativa vigente, para que un juicio de responsabilidades contra un expresidente prospere en Bolivia, se requiere la autorización de las cámaras reunidas en Asamblea Legislativa Plurinacional. Dicha autorización, previo informe de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, requiere el voto de al menos dos tercios de los asambleístas presentes. En caso de no existir dicha mayoría especial en dos votaciones, se procede al archivo de obrados.
Al respecto, el jefe de la alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, anticipó que su bancada en la Asamblea viabilizará los juicios que estén “adecuadamente fundamentados”. No respaldará, en cambio, procesos que “tengan como sustento la mentira de un inexistente golpe de Estado”. No se conoce una posición oficial del jefe y bancada de la alianza Creemos sobre el tema. La cuestión es relevante dado que hoy la oposición minoritaria tiene poder para viabilizar o vetar un juicio de responsabilidades.
Dada la persistente disputa entre los relatos que buscan explicar la crisis de 2019, no existe ninguna posibilidad cierta de lograr acuerdos políticos para tramitar un juicio contra el régimen provisorio con base en dichos relatos. La bochornosa sesión de interpelación el día de ayer lo demuestra. ¿Pero qué dirán las bancadas de Creemos y de CC cuando deban decidir sobre la autorización de un juicio contra Áñez y los suyos por las masacres de Sacaba y Senkata? El país lo sabrá más temprano que tarde.
