Estamos inmersos en un torbellino de revelaciones sobre diversas facetas de la crisis política de 2019 y 2020. La necesaria búsqueda de la verdad histórica acerca de esos sucesos está, sin embargo, vinculada a procedimientos judiciales y controversias políticas. Esta imbricación plantea complejos desafíos si deseamos que su desenlace fortalezca la convivencia y la democracia.
Nadie podía prever que la detención de Murillo en Miami iba a desencadenar el torrente de nuevas informaciones que han ido mostrando descarnadamente la naturaleza del régimen que se hizo del poder después de la renuncia de Evo Morales. Esos datos están ayudando igualmente a conocer mejor la secuencia de decisiones y hechos que configuraron esa coyuntura.
Empecemos por reconocer que a estas alturas del partido ya existe un conjunto creíble de datos que muestran el nivel pasmoso de corrupción y autoritarismo del gobierno de Áñez. Las truculentas aventuras delincuenciales de Murillo y los juegos paramilitares de López ilustran pornográficamente lo peor de esas derivas.
Y por si eso no fuera poco, el “relato” de una transición constitucional, pacificadora y pactada está haciendo aguas. El propio informe de la Iglesia Católica sobre su mediación revela, quizás sin darse cuenta, elementos que refuerzan lo que ya se sospechaba: el “diálogo” de la Universidad Católica habría sido un intento de dar legitimidad a una definición política previa de ungir a Áñez como presidenta desde la tarde del 10 de noviembre y que habría sido decidida y operativizada desde otros espacios. Legitimación que resultó, además, infructuosa por la resistencia de los masistas a prestarse a ese juego pese al acoso que sufrieron. El ascenso de Áñez aparece nomás como el resultado de maniobras irregulares.
Esta exploración de la historia reciente se complica aún más porque está acompañada por el deseo de identificar responsabilidades y delitos en esas actuaciones. Propósito legítimo que debería ser realizado con debido proceso, profesionalismo y considerando algo que se suele olvidar: no toda responsabilidad es sinónimo de delito. Muchas veces, hay errores políticos o fallas éticas que se tienen que explicar y que la opinión pública juzgará severamente, pero que no tienen que acabar necesariamente con alguien en la cárcel.
Digo esto porque una búsqueda desordenada de culpables puede resultar contraproducente para un esclarecimiento de la verdad histórica y para que ésta sea asumida por la mayoría de la sociedad. Tarea difícil a la vista de la tercera dimensión de la cuestión: la aguda politización que alienta la proliferación de desmesuras, afirmaciones hiperbólicas y abiertas instrumentalizaciones de moros y cristianos ya sea para culpabilizar al adversario o para victimizarse para evadir responsabilidades.
Hago este apunte consciente de que quizás estoy pidiendo peras al olmo, pero me temo que ese cóctel desprolijo puede llevarnos a sembrar confusión y descreimiento, horadando la credibilidad de la clase política sin distinción y complicando la gobernabilidad del país.
Es que las élites partidarias olvidan, encapsuladas en sus mundos autorreferenciales, que las personas suelen tener otras preocupaciones igualmente relevantes que los conflictos, a veces barrocos, en las que ellas se empantanan. Prioridades prácticas que son aún más sentidas en momentos, como los actuales, en los que el bienestar de muchas familias está en riesgo. Por otra parte, tampoco hay que obviar que hay estándares y garantías procesales que se deben respetar en este tipo de casos para estar acordes con normas internacionales de derechos humanos.
Hay pues restricciones tanto sociales como externas que deberían ser muy tomadas en cuenta a la hora de avanzar en estos esclarecimientos, no todo se vale. La opinión pública desea saber lo que pasó y ya se va haciendo una idea del embrollo, la gente no es tonta, pero también reclama por un discurso y una acción política e institucional sosegada, pedagógica, con menos verborragia y que sobre todo sea percibida como justa, respetuosa de los derechos y equilibrada. Si sucede así, ganaremos todos.
Armando Ortuño Yáñez es investigador social.
