La reciente decisión del tribunal condenando a tres años de cárcel (uno con prisión firme) y sujeto al régimen de brazalete electrónico, máxima humillación para el exmandatario francés Nicolás Sarkozy (2007-2012) por “corrupción y tráfico de influencia”, fue un duro golpe para la derecha moderada. Mientras sus partidarios reclaman la extrema rudeza de los jueces, sus detractores repiten que nadie puede estar encima de la ley. Sin embargo, la sentencia se explica por sí sola: “Los hechos que se reprochan a Sarkozy son de una particular gravedad, habiendo sido cometidos por un expresidente de la República que estaba llamado a ser el garante de la independencia de la justicia”.
Pero, ¿cuál es la sustancia de este fallo? Cuando en 2014 se ventilaba en la Corte de Casación la reclamación de Sarkozy por el secuestro judicial de sus agendas presidenciales, éste encomendó a su abogado Thierry Herzog convencer al magistrado Gilbert Azibert de interceder ante sus pares para obtener alguna opinión en su favor, a cambio de un puesto honorífico ante el Principado de Mónaco. Lo que ignoraba el ingenuo Nicolás es que su celular estaba bajo escucha policial, con el agravante que el expresidente se servía de otro aparato alquilado con nombre ficticio. O sea, la perfecta figura de “asociación para delinquir” registrada en la transcripción de 17 conversaciones telefónicas interceptadas. Irónicamente la decisión de la Corte fue adversa para Sarkozy y el apalabrado magistrado, por lo tanto, tampoco obtuvo el cargo prometido. Ergo, un asesinato sin cadáver. Empero los jueces piensan que tan solo la intención de cometer aquel delito es suficiente para caracterizarlo. En esa circunstancia, tanto el abogado como el magistrado también fueron condenados a sufrir análogas penas. En efecto, no es el único enfrentamiento que Sarkozy tiene con la ley, pues le esperan nueve otros casos tanto o más espinosos, incluyendo aquel que descansa sobre la sospecha de haber financiado una parte de su campaña presidencial de 2007 con fondos provenientes del exdictador libio Muamar El Gadafi. La justicia francesa sienta singular precedente para condenar la intencionalidad de cometer un delito, incluso cuando éste no ha sido, realmente, consumado. Qué diferencia con el procedimiento que acontece en ciertas repúblicas bananeras cuando los magistrados se dejan corromper por el mandatario de turno para fabricar fallos que le favorezcan, a cambio de nombramientos, en sendos puestos diplomáticos u otros, donde efectivamente se aposentan. A esos prevaricadores les cuesta comprender que el tráfico de influencias es un crimen grave contra el Estado. Aun así, todo expresidente en Francia tiene garantizado el debido proceso para que pueda defenderse en libertad.
El mejor retrato de Sarkozy corresponde a la pluma de Barack Obama en sus memorias: “Con su piel mate, sus rasgos expresivos, vagamente mediterráneos (su padre era húngaro y su abuelo materno era judío griego), de pequeña talla (1,66 metros) pero que porta taloneras para agrandarse, se diría un personaje escapado de un cuadro de Toulouse Lautrec… compensa su falta de coherencia ideológica con la audacia, el encanto y esa energía frenética… en perpetuo movimiento de su pecho abombado como la de un gallo enano…”
Aunque la apelación de dicha sentencia pende de un hilo incierto, triste epílogo el de Sarkozy (66), quien aún aspiraba volver a la palestra política en las elecciones presidenciales de 2022.
Carlos Antonio Carrasco es doctor en Ciencias Políticas y miembro de la Academia de Ciencias de Ultramar de Francia.
