El domingo 6 de junio se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el Perú y, 20 días después, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no ha logrado proclamar quién será el próximo presidente. Hoy nos enfrentamos a un nuevo giro dramático de esta telenovela, cuando el fiscal supremo Luis Arce Córdova presenta su declinación al pleno del JNE, a pesar de que está legalmente impedido de renunciar a su cargo porque hay un proceso electoral en curso.
La virtual perdedora de los comicios, Keiko Fujimori, quien ha logrado aglutinar a las élites peruanas en apoyo a su candidatura, corre el riesgo no solo de perder su tercera (y tal vez última) oportunidad de gobernar, sino que podría enfrentar una acusación penal que le costaría 30 años de cárcel por recibir aportes ilícitos de Odebrecht para su campaña en 2011; así como perder la oportunidad de indultar a su padre. Con tanto en juego podemos entender por qué a Keiko se le va la vida en esta contienda.
Pero en estas elecciones se juega mucho más que el futuro de la familia Fujimori, y es una dura prueba para la calidad de la democracia y la gobernabilidad del Perú. Si Pedro Castillo es elegido, tendrá que enfrentar un Congreso conservador que asegura cinco años de inestabilidad política. Los resultados muestran un sistema de partidos altamente fragmentado, aunque las alianzas esperadas podrían favorecer al fujimorismo. La representación política refuerza una ruptura histórica irresuelta: la alta polarización entre una Lima moderna y cosmopolita, beneficiaria del modelo económico, y las regiones rurales, desde donde emergen liderazgos críticos al modelo centralista y desigual del Perú.
Por otro lado, la sociedad peruana actualmente está sometida a un escenario de desinformación sistemática que es el escenario ideal para la construcción de fake news. En el Perú electoral ha habido una clara alianza entre las élites económicas y los medios de comunicación tradicionales para favorecer a la candidatura fujimorista, con muy poco espacio para voces plurales y ejercicio de libertad de prensa, en un contexto de medios tradicionales capturados y decisiones gerenciales que involucran despido de periodistas emblemáticos.
Se trata de una sociedad donde, como lo reconoce el académico Marco Avilés, “Pedro Castillo podría vencer a la derecha peruana, pero no a su racismo”. En ese sentido, agudizar la polarización ha sido la táctica para movilizar votos, y lograr quebrar el voto antifujimorista de clases medias y altas. Para ello las narrativas se han articulado alrededor de la denuncia contra una supuesta amenaza de la izquierda comunista.
Los de arriba versus los de abajo/los privilegiados versus los olvidados, es el panorama que dejan estas elecciones. Una audiencia polarizada es un público cautivo y predilecto para tácticas comunicativas de posicionamiento de la narrativa del fraude puesto que el consumo informativo busca corroborar sus propias convicciones al margen de la verdad. Esto es apoyado por “la campaña de las mil campañas”, como se ha nombrado a la acción de grupos empresariales, bufetes de abogados, medios de comunicación, así como líderes de opinión y personalidades nacionales e internacionales, apoyados por una ciudadanía movilizada que buscan generar la sensación de mayoría para desestabilizar el proceso electoral.
Esta táctica de denunciar fraude ante un electorado que prefiere creer en una “estafa sistémica”, antes que reconocer que ha perdido una elección, es una práctica ya común que socava no solo la legitimidad de un nuevo gobierno, sino también daña la democracia. Todavía nos resuenan los gritos histéricos de Donald Trump que insistió hasta el final en el fraude, sin ninguna evidencia. Otra historia reciente fue la del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien sostuvo que solo un fraude puede explicar su derrota. No necesito hablar de los casos nacionales que, siendo tan recientes, aún se encuentran en nuestra memoria corta.
Nos preocupa el desenlace del Perú porque puede socavar la legitimidad de la democracia en la región donde el sistema de representación ya presenta fisuras en la credibilidad de la ciudadanía. Fracturas sociales tan profundas tal vez necesiten lo que ha sido una promesa electoral de Pedro Castillo: encarar un diálogo nacional en forma de Asamblea Constituyente. El ejemplo de Chile puede ser un camino. Nuestros sistemas de representación en toda la región están viviendo ondas sísmicas que se propagan en todas direcciones. Veremos qué queda en pie después de este estremecimiento.
Lourdes Montero es cientista social.
