Desde comienzos del año pasado, la economía internacional ha ingresado en una nueva modalidad de desempeño debido a los trastornos geopolíticos que se han sucedido desde entonces, y que han alterado profundamente las tendencias que venían del pasado. El principal acontecimiento ha sido por supuesto la invasión abusiva de Rusia a Ucrania, hecho que ha cambiado varios vectores de la seguridad internacional y de la economía global, entre los cuales se puede citar, el sistema de producción y distribución de hidrocarburos en el mundo, las respectivas nuevas alianzas militares, así como los nuevos acuerdos entre los países exportadores netos de petróleo y gas, por un lado, y los países importadores netos, por el otro.
Con la pandemia del COVID-19 muchos países ya habían constatado que tenían graves problemas a la hora de adquirir los insumos, medicamentos y productos intermedios requeridos por sus respectivos sistemas de salud, y así se hizo evidente su vulnerabilidad sanitaria atribuible a la participación de muchas economías en las cadenas de suministro de las medicinas y los implementos del sector sanitario y farmacológico.
Por otra parte, el nacionalismo se ha instalado como el rasgo principal de la atmósfera de la época, con lo cual cambian de dirección los vectores que anteriormente habían impulsado la interdependencia de las economías, la apertura de los flujos de financiamiento e inversiones productivas, así como la difusión de las innovaciones tecnológicas entre las diferentes zonas y países del mundo.
En ese contexto, los países industrializados han venido adoptando, con diversos grados de intensidad, la prioridad de su seguridad nacional en materia de abastecimientos críticos en los ámbitos militares y tecnológicos, lo que trae consigo la adopción de políticas proteccionistas en varios sectores considerados estratégicos.
En términos geopolíticos, el orden internacional hegemónico se ha fragmentado a partir del establecimiento de nuevos grupos de países con poder suficiente para cambiar la constelación internacional del poder.
Las divisiones internas de América Latina han impedido hasta ahora que la región participe con autonomía en la reorganización de las relaciones internacionales. Sin embargo, se percibe que en América del Sur podrían existir circunstancias favorables para la reinstalación de la Unasur sobre bases pragmáticas referidas por de pronto a pocos temas, tales como la seguridad energética, el fortalecimiento del Tratado de Cooperación Amazónica y la instalación de un sistema de cooperación financiera regional.
La fuerza de la realidad impone que Bolivia apoye la iniciativa de reinstalar Unasur como una de las prioridades inmediatas de la política exterior, al mismo tiempo que las autoridades económicas y financieras, a partir de una lectura certera sobre las nuevas condiciones internacionales, ponen en práctica las recomendaciones de la OIT relacionadas con el diálogo tripartito entre las representaciones de los asalariados, de los empleadores y de las autoridades pertinentes del Estado, con miras a la concertación de estrategias integradas y congruentes destinadas a fortalecer la protección social de los trabajadores, la generación de empleos de calidad y la determinación de los parámetros salariales, con revisiones periódicas, según lo exijan las circunstancias imperantes.
En dicho marco, se podría debatir a su vez la estrategia para la gestión eficaz de las modificaciones en el esquema de precios relativos, cuya rigidez actual genera perturbaciones que pueden evitarse. Se trata de establecer la interconexión de las trayectorias de las tasas de interés, los precios de los carburantes, los impuestos y las partidas relevantes de gastos e inversiones del Presupuesto General, que en conjunto determinan las bases de la política monetaria y financiera del país.
Horst Grebe es economista
